Día 1: Un negocio de riesgo

Sophia Murphy

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Consultora y asesora sénior para el Instituto de Política Agrícola y Comercial (IATP)
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La agricultura es un negocio arriesgado, y no sólo por su dependencia del clima. Es preciso que los gobiernos, el sector privado y los propios agricultores desarrollen unos sistemas de gestión del riesgo que sean robustos y yuxtapuestos para proporcionar a los agricultores más de una vía de protección.

Por Sophia Murphy, consultora y asesora principal del Programa de Comercio y Gobernanza Mundial del Instituto de Política Agrícola y Comercial (IATP).

La agricultura es un negocio arriesgado. A merced de las inclemencias meteorológicas y las plagas, víctima frecuente de la guerra, y sujeta a las limitaciones de la demanda y a las ineficacias de mercado, la agricultura se merece una rama de la economía dedicada solo a ella. Los riesgos no son solo económicos: también están ligados a la diversidad biológica y la gestión de los recursos naturales, así como a la cultura y las relaciones sociales. 

Los riesgos también son políticos, ya que la mayoría de los agricultores están sujetos a una injerencia gubernamental relativamente fuerte en su sector, lo que no es sorprendente ya que todo el mundo tiene algún interés en la agricultura. Su importancia no solo estriba en el hecho de ser un elemento fundamental para nuestra supervivencia, sino también en el papel que desempeña como potente motor para la erradicación de la pobreza.

No obstante, para sacar provecho del potencial de la agricultura para acabar con la pobreza es necesario que los precios agrícolas sean estables. Estables no significa estáticos: es preciso que los precios reflejen la oferta y la demanda, y hasta cierto punto, la escasez se gestiona mejor a través del precio. Pero si se dejan por completo en manos del mercado, los precios de los alimentos son intrínsecamente demasiado volátiles y reflejan las incertidumbres de la producción así como los efectos de la demanda en otras partes del mundo, una demanda que crean los mercados globalizados con grandes disparidades de riqueza. Como economista agrícola C.P. Timmer afirma: "solo la acción política y la respuesta pública por parte de los gobiernos pueden proporcionar precios estables de los alimentos". 

Dos tipos especiales de riesgo plantean versiones modernas de desafíos antiguos. El primero es el cambio climático; la humanidad siempre ha estado a merced de las condiciones meteorológicas pero hoy en día también somos directamente responsables de que estas sean menos predecibles.

“Las fuerzas económicas están uniendo a agricultores de distintas partes del mundo como nunca antes había sucedido.”

El segundo es la volatilidad de los precios. En una era de mercados globalizados, flujos de capital desregulados y libre comercio, las fuerzas económicas están uniendo agricultores de distintas parte del mundo como nunca antes había sucedido. Paul Nicholson, un agricultor del País Vasco español y líder de La Vía Campesina (LVC), describe la creación de la LVC a mediados de los años 90 como una respuesta a las similitudes de los desafíos que presenta la globalización para los agricultores de Minnesota, el Mediodía francés, Bamako y Bandung. 

¿Qué sistemas de riesgo hay que utilizar?

Estos riesgos son reales, y a los consumidores les interesa ayudar a los agricultores a mitigarlos. Hay muchas herramientas disponibles y los sistemas de gestión de riesgos son útiles en muchos contextos diferentes. Es preciso que los gobiernos construyan sistemas robustos y superpuestos, que proporcionen a los agricultores más de una vía de protección.

Un conjunto de herramientas recae en manos de los agricultores, aunque los gobiernos y las ONG pueden desempeñar un papel muy útil. La acción colectiva ofrece un buen método para que los agricultores fortalezcan su poder político y económico de negociación y reduzcan los riesgos asociados a su actividad. Por ejemplo, los agricultores pueden establecer cooperativas de compradores a fin de obtener fertilizantes o semillas u otros insumos a precios reducidos. También pueden formar cooperativas de vendedores con el fin de negociar mejores precios para mayores volúmenes e invertir en tecnología o instalaciones de almacenamiento. La mayoría de los certificados de comercio justo dependen de que los agricultores trabajen en cooperación. 

Un segundo conjunto de herramientas recae en las manos del Estado. Los gobiernos pueden disminuir significativamente los riesgos para los agricultores al facilitar servicios básicos, tales como transporte fiable (y asequible), sanidad asequible y redes de seguridad en tiempos de crisis. Los gobiernos de todos los niveles también pueden adquirir y almacenar existencias. Históricamente, la adquisición y el almacenamiento público de granos han constituido una importante herramienta a la hora de reducir riesgos. 

“Históricamente, la adquisición y el almacenamiento público de granos han constituido una importante herramienta a la hora de reducir riesgos.”

Brasil ha puesto en marcha una política de adquisición pública de productos de pequeños agricultores. El objetivo es proporcionar una red de seguridad alimentaria para la población urbana pobre al mismo tiempo que se proporciona una fuente de ingresos a la población rural pobre. Aunque la puesta en práctica no ha sido fácil, la política posibilita un círculo virtuoso en el que se reducen los riesgos a los que se enfrentan los agricultores a la vez que se facilitan alimentos asequibles para los consumidores. 

El almacenamiento de alimentos puede ayudar a mitigar las oscilaciones bruscas de los precios al reducir las incertidumbres sobre la oferta en el mercado. Las existencias que se gestionan de un modo adecuado, fiable y transparente constituyen una potente herramienta contra la volatilidad que puede funcionar tanto para los agricultores como para los consumidores.

Un tercer conjunto de herramientas recae en manos del sector privado. Sólo por dar un ejemplo, las redes de los teléfonos móviles se han convertido en una vía por la cual las personas que carecen de cuentas bancarias transfieran dinero de la ciudad a las zonas rurales, y a la inversa, a la vez que facilitan a los agricultores información sobre los precios que pueden utilizar en las negociaciones con los comerciantes. En ambos casos, como herramienta de comunicación y sistema financiero, los teléfonos móviles han tenido un efecto altamente positivo para muchos pequeños productores del mundo en desarrollo.

“Los teléfonos móviles han tenido un efecto altamente positivo para muchos pequeños productores del mundo en desarrollo.”

En términos más prosaicos, el sector privado ofrece (al menos) dos importantes sistemas de gestión de riesgos para la agricultura. Uno es el mercado de futuros de los productos básicos, que permite a los productores vender productos agrícolas y a los procesadores de alimentos comprarlos antes de la cosecha. Las partes firman un contrato para entregar una cantidad determinada de cereales a precio determinado por un día concreto. El contrato en sí se compra y se vende entre los especuladores, que proporcionan el dinero que el agricultor necesita pero que el procesador no quiere gastar hasta que reciban los cereales. 

El contrato puede cambiar de manos en numerosas ocasiones, mientras los compradores y los vendedores intentan anticipar los precios futuros en función de las proyecciones de oferta y demanda. En este sentido, el mercado de los productos básicos amortigua las perturbaciones. 

Aunque, por supuesto, también hay costos. Algunos de los intentos de crear bolsas de productos básicos (por ejemplo en Nigeria y Etiopía) han requerido un gran esfuerzo para atraer a los agricultores, ya que los costos de transacción son considerables, y la producción mínima para efectuar un contrato es demasiado grande para la mayoría de los productores. 

En los mercados consolidados, tales como la Junta de Comercio de Chicago (CBOT), la desregulación introducida durante la última década o más ha perjudicado igualmente la eficacia de la determinación de los precios de los mercados de futuros. La financialización de las bolsas ha aumentado la volatilidad a corto plazo, lo que supone una nueva fuente de riesgos para los agricultores. 

La segunda gran contribución del sector privado para la gestión de riesgos son los seguros. Tradicionalmente, las aseguradoras han evitado la agricultura. Los riesgos son principalmente sistémicos (todas las personas de una misma gran superficie se enfrentan a las mismas condiciones de cultivo) en contraposición con los idiosincrásicos (riesgos que todo el mundo corre, pero que probablemente pocas personas padecerán de manera simultánea, como por ejemplo como un incendio). Este motivo dificulta la gestión como ente privado: o bien se tiene un gran año ya que se han vendido muchas pólizas pero se han recibido pocas reclamaciones, o se llega a situación de bancarrota porque la mitad de los clientes formulan reclamaciones al mismo tiempo. 

Incluso en casos de mercados altamente comercializados, como Estados Unidos, la implicación gubernamental es muy significativa en sus programas de seguros. El gobierno subvenciona primas, los costos administrativos de las aseguradoras privadas y los desembolsos finales. De hecho, el ejemplo de Estados Unidos no es alentador, puesto que tanto las aseguradoras como los agricultores acaban teniendo muy pocos riesgos, lo que lleva a tomar malas decisiones en cuestiones de dónde, qué y cuánto plantar. 

Los últimos experimentos con seguros en el mundo en desarrollo resultan más prometedores. Se trata de asociaciones del sector público y privado, lo que significa que el sector privado no tiene que asumir todos los costos. Oxfam participa en un programa en Etiopía con Swiss Re, el Programa Mundial de Alimentos y USAID (Iniciativa para la Resiliencia Rural R4) que ha demostrado tener éxito. 

En Bolivia, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) está trabajando con financiación proveniente de la Fundación Gates con el fin de ofrecer seguros para los productores más pequeños. Los riesgos asegurados incluyen la mala cosecha y la muerte de un familiar cercano. Este proyecto también ha tenido éxito, y se aplicará en todo el país en 2013.

¿Y si…?

Los agricultores necesitan programas de seguros de alto riesgo para poder invertir en lo que hacen con confianza. Sin inversión, la agricultura se estanca, y por tanto también la producción de alimentos. Con inversión, la agricultura puede producir los alimentos que el mundo necesita, las economías rurales florecen y la migración del campo a la ciudad se ralentiza.  

“Los agricultores necesitan programas de seguros de alto riesgo para poder invertir en lo que hacen con confianza.”

Los sistemas de gestión de riesgos no deberían alentar a los agricultores a correr riesgos innecesarios. Los agricultores deberían responsabilizarse de la toma de buenas decisiones comerciales sobre sus operaciones, y no ser estimulados para asumir riesgos innecesarios como los programas de seguros de pérdidas superficiales que la Propuesta de Ley Agraria de Estados Unidos de 2012 proponía y fomentaba. Pero los sistemas deberían ser suficientemente sólidos como para proteger a los agricultores y a sus hogares de la miseria, en particular cuando los riesgos que implican son ajenos al control de los agricultores, como es el caso del cambio climático y la volatilidad de los precios mundiales. 

La gente tiene un gran interés en conocer el resultado de todo esto, no sólo debido a la necesidad primordial de velar por un suministro alimentario adecuado, sino también con el fin de garantizar que la agricultura desempeñe un papel estratégico en el desarrollo de los países, mediante la creación de puestos de trabajo, la generación de capital y el uso eficaz de los recursos naturales de cara al futuro. 

Lee el ensayo: Un negocio arriesgado