Cargill y el gobierno colombiano: Pelea de tigre con burro amarrado

30 Septiembre, 2013 | CRECE

Uno de los dichos colombianos más antiguos dice que cuando dos contrincantes desiguales pelean entre sí, estamos en presencia de una pelea “de tigre suelto contra burro amarrado”.

Cuando me llegó el informe de Oxfam sobre la concentración de la tierra en Colombia, titulado “Divide y comprarás”, coincidió con un video sobre la Revolución de los ponchos que me envió mi amiga Rosa Emilia a través de Facebook. Esta revolución se inició en el mes de agosto de 2013 y ha movilizado a pequeños propietarios, pueblos indígenas y afrodescendientes, mujeres de áreas rurales y habitantes urbanos a exigir soluciones estructurales a los problemas de las áreas rurales en Colombia.

Me empecé a cuestionar si acaso habría una conexión entre el informe y la huelga. A continuación, reflexiono sobre cómo de hecho sí hay una fuerte relación entre ellos y exigen una respuesta sabia.

La interpretación inicial del gobierno colombiano fue que la ‘revolución de los ponchos’ era demasiado insignificante e irrelevante como para representar a los problemas agrarios fundamentales.  En los días subsiguientes, la ‘revolución de los ponchos’ se desarrolló con fuerza en los departamentos de Boyacá, Huila, Cundinamarca y Nariño, y en pocas semanas los movimientos sociales en todas las ciudades se encontraban apoyando la huelga. Fue la huelga más grande y prolongada que Colombia haya experimentado en los últimos 40 años. Durante por lo menos las primeras tres semanas de la huelga, nos empezamos a preguntar: ¿quién es el tigre suelto y quién el burro amarrado?

Se trata de una pelea preocupante que surge en un momento en el cual Colombia está involucrada en un proceso de paz con la guerrilla del FARC y está realizando una reparación integral a las víctimas, restituyendo legal y materialmente las tierras que fueran forzados a abandonar debido a la violencia o por haberles sido arrebatadas. En los últimos 50 años, se perdieron 220,000 vidas (la mayoría de civiles), desaparecieron 25,000 personas, y 5.7 millones de personas fueron desplazadas a la fuerza, la mayoría son pequeños agricultores, trabajadores agrícolas, y pueblos indígenas y afro-descendientes. El acceso equitativo a la tierra, se encuentra en el centro de las discusiones que son parte de los diálogos de paz que se están realizando en la Habana.

La concentración de tierra en Colombia ocupa el segundo lugar en toda América Latina, después de Paraguay. La desigualdad prevalece y crece, y han fracasado los esfuerzos por revertir esta situación, ya que los grandes latifundios jamás han sido afectados. El principal instrumento ha sido el otorgamiento de tierras del estado, llamadas baldíos, a pequeños agricultores y trabajadores agrícolas. Desde 1994, la ley 160 estableció la ‘Unidad Agrícola Familiar’ (UAF), correspondiente a la cantidad de tierra que se considera necesaria para que una familia viva una vida digna, y es la cantidad máxima de tierra que el estado le puede otorgar a un individuo.

Colombia acaba de firmar acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, y los colombianos están empezando a aprender lo que implica ser la parte débil de un acuerdo. La gente (sobre todo los pequeños propietarios de tierra) está comenzando a entender que sus productos son más caros que los productos subsidiados que provienen de Europa o Estados Unidos, que los acuerdos exacerban la desigualdad en países en donde la distribución de la tierra ya es de por sí extremadamente desigual.

En este contexto de creciente desigualdad, de gran concentración de la tierra, de conflicto nacional, proceso de paz y libre comercio, el gobierno colombiano está tratando de reproducir el ‘cerrado’ brasileño en la Altillanura colombiana, a través de aceptar que Cargill concentre las tierras de los beneficiarios de la reforma agraria.

Sinergias: ¿1+1 = 3?

Entre 2010 y 2012, Cargill creó 36 compañías fantasmas diferentes para la compra de 52,576 hectáreas de tierra en el Departamento de Vichada para la producción de maíz y soya. ¡Estas 36 propiedades son 30 veces más grandes que el tamaño máximo de una UAF! Hasta el momento, Cargill ha logrado evitar la restricción legal establecida en la ley 160 a través del método de realizar compras fragmentadas.

Aunque las leyes existentes favorecen a los pequeños propietarios, el gobierno argumenta que solamente las grandes compañías tienen la capacidad de desarrollar el potencial productivo de la región de Altillanura, y, por lo tanto, está tratando de establecer reformas legales para atraer la inversión extranjera. Sin embargo, es bien sabido que el sector de los pequeños propietarios ha demostrado ser más eficiente, contribuyendo a la seguridad alimentaria, al empleo, y a la reducción de la pobreza.

Si vemos esta realidad a través de la lente del cambio climático, la lucha se vuelve aún más difícil. La Altillanura contiene la mayor diversidad de aves en el mundo, las mayores reservas de peces de agua dulce, y una gran variedad de ecosistemas.

Queda claro que el contexto representa una situación de una “pelea de tigre suelto contra burro amarrado”.  En un proceso extremadamente lento, los pequeños propietarios han mostrado ser un actor político fuerte. Han demostrado que las inversiones que favorecen a los agro-negocios y a los biocombustibles, como las que promueve Cargill, no responden a ningún modelo de desarrollo. A través de la ‘revolución de los ponchos’, los movimientos sociales  han demostrado el fracaso de los esfuerzos por revertir la concentración de la tenencia de la tierra en Colombia. Han mostrado que las prácticas empleadas por Cargill para la compra de tierras en la Altillanura, se encuentran entre la variedad de estrategias empleadas por los grupos de empresarios colombianos que operan en la región.

La resolución de estos casos están poniendo a prueba la política real y la verdadera coherencia del gobierno colombiano: ¿representa los intereses de los poderosos o las estrategias y necesidades de los pequeños propietarios?

Conclusiones

  • La campaña CRECE de Oxfam debería usar el ejemplo de Cargill descrito en el informe, a la luz de los lineamientos voluntarios sobre la gobernabilidad responsable de la tenencia de la tierra, cuya implementación tanto la compañía como el gobierno dicen apoyar: “cualquier transacción con respecto a los derechos legítimos de tenencia de la tierra y demás derechos humanos deberán ser  implementados con transparencia, en consistencia con los objetivos de crecimiento social y económico y de desarrollo humano sustentable enfocado en los agricultores a pequeña escala”. Este podría ser un poderoso ejemplo en las reuniones del Comité Mundial de Seguridad Alimentaria (CFS, por sus siglas en inglés), a efectuarse en el mes de octubre de 2013.
  • Los colombianos están viviendo los terribles impactos del modelo neoliberal en carne propia: el reemplazamiento del estado por el mercado, que supuestamente permitiría la libre competencia. Esto se opone al concepto de desarrollo. ¿Por cuánto tiempo más seguirán aceptando el modelo dominante los colombianos? Necesitamos entender lo que significa la Revolución de los ponchos. El estado tiene que resolver los casos en los que la ley pudo haber sido violada. Si las tierras que habían sido distribuidas entre los pequeños agricultores y los trabajadores agrícolas se están concentrando en manos del mayor comercializador de productos agrícolas del mundo, ¿cómo se podrá entender el desarrollo social colombiano y la lucha contra la desigualdad y la pobreza? ¿En qué medida están representadas las necesidades de las mujeres en las áreas rurales en esta inversión?

  • El desarrollo rural es uno de los puntos más controvertidos en los diálogos de paz efectuados en la Habana. A la luz del hecho que la ‘Revolución de los ponchos’ no tiene precedentes recientes en Colombia, los resultados del acuerdo han logrado mayor visibilidad.

  • Como indica el informe: “Cuando haya evidencia de que se han violado las reglas y se han infringido las condiciones y las obligaciones baja las cuales se otorgaron las tierras, o cuando la propiedad no se use para los objetivos planteados inicialmente, se regresarán los baldíos otorgados al dominio de la nación”.

  • Independientemente de que Cargill haya actuado según las leyes colombianas o no, los hechos muestran que el estado fracasó en su obligación de conservar la función social y ambiental de las tierras distribuidas a través del proceso de la reforma agraria.


Como dijera uno de los líderes de la ‘Revolución de los ponchos’ después de haber firmado los acuerdos: “Siempre uso un poncho cuando hace frío. Ahora tomaré mi poncho y me iré a casa”. Me parece que un análisis profundo claramente señalaría cuáles son las identidades del tigre y del burro en el caso creado por Cargill en la Altillanura colombiana.

Información relacionada

Descárgate el informe: Divide y comprarás. Una nueva forma de concentrar tierras baldías en Colombia

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