Cargill no quiere entender cuál es el problema de la adquisición de tierras en Colombia

Stephanie Burgos

Blog mensaje por Stephanie Burgos

Oxfam America, Asesora política senior
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Las adquisiciones de tierra realizadas por Cargill no sólo afectan al acceso de pequeñas familias agricultoras a la tierra sino también al proceso de paz y la aplicación de la ley.

La recepcionista me sonrió al dejar la habitación en mi hotel de Bogotá (Colombia) el sábado. Aún no había amanecido y apenas había conseguido despertarme. Mientras imprimía la factura a nombre de Oxfam, me dijo que había visto que Oxfam había publicado un informe el día anterior sobre cómo las adquisiciones irregulares de tierras estaban fomentando la concentración de la propiedad de la tierra en la región colombiana de Altillanura. Titulado Divide y comprarás: La nueva forma de concentrar baldíos en Colombia, el informe revela cómo Cargill ha adquirido tierras destinadas a pequeñas familias agricultoras con recursos limitados.

Le pregunté qué opinaba al respecto. Me dijo que el trabajo de Oxfam en relación a este problema era bien acogido y añadió, negando con la cabeza, que era muy frustrante ver que tales cosas aún siguieran sucediendo en su país. La huelga del sector agrícola, durante la cual agricultores y grupos de base se manifestaron en las calles de Bogotá, supuso un amargo recordatorio de la importancia de las cuestiones relacionadas con la tierra para las pequeñas familias agricultoras de Colombia.

El informe de Oxfam se centra en el caso de Cargill, la mayor comercializadora de materias primas del mundo, que adquirió en el departamento de Vichada un terreno de 52.576 hectáreas; una superficie que excede en más de 30 veces la cantidad de tierra que, según la legislación colombiana, una sola entidad puede acumular en dicha zona del país. Cargill sorteó el límite dividiendo la adquisición mediante 36 empresas fantasma, aparentemente creadas tan sólo para comprar una cantidad de tierra que no excediese el límite legal. Estos baldíos había sido adjudicados por el Estado a familias agricultoras sin tierras en el marco del proceso de reforma agraria.

El viernes pasado, presenté en Bogotá los resultados de un estudio durante un evento organizado por Oxfam, Planeta Paz, The Consultancy for Human Rights and Displacement (CODHES) y The Center for Research and Popular Education (CINEP). Conseguí suscitar un amplio debate en Colombia acerca del problema de la concentración de la propiedad de la tierra y sobre las leyes y normas que regulan la propiedad de los baldíos, así como sobre las potenciales reformas que podrían o bien facilitar o bien evitar una mayor concentración. Esta cuestión fue uno de los tres principales temas en Twitter en Colombia ese día.

Sólo faltaba Cargill

En el debate, sólo faltaba Cargill. Oxfam invitó a Cargill a participar en el debate público pero la empresa rehusó a contar con un representante directo y, en cambio, solicitó a la Sociedad de Agricultores vde Colombia (SAC) que fuese su portavoz en el panel. En él participaron representantes del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) y de la Contraloría General de la República, así como el senador Jorge Robledo, director de la ONG Planeta Paz, y Julio Armando Fuentes, de la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocucion y Acuerdo y uno de los líderes nacionales del movimiento campesino. El debate fue intenso:

"Esta práctica de concentración de la propiedad mediante la acumulación de baldíos está arrebatando a las familias campesinas su derecho constitucional a la tierra", afirmó el senador Robledo.

"La legislación colombiana permite la concentración de la propiedad de la tierra", subrayó Guillermo Forero, asesor legal de SAC.

"Estamos sufriendo una nueva colonización desde el punto de vista macro-económico; la colonización de las tierras agrícolas, que han dejado de estar en manos de quienes deberían tenerlas. Esto es el resultado de maniobras legales y de una interpretación de las leyes chapuceras", señaló Alberto Higuera de la Contraloría General de la República.

"Las organizaciones de la sociedad civil hacen un llamamiento al Gobierno central a que nos incluyan en el diálogo sobre la reforma de la política agraria que el país necesita", afirmó Julio Armando Fuentes, de la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocucion y Acuerdo.

Tal y como mi compañero, Chris Jochnick, apuntó anteriormente, aunque Cargill decidió no participar en el debate en Colombia, sí publicó un comunicado en respuesta al informe de Oxfam en su página web y tuiteó activamente al respecto. También alardeó de su inversión en la producción a gran escala de maíz y soja en Vichada.

Cargill sencillamente no lo entiende

Cargill parece sencillamente no entender cuál es el problema en Colombia: la cada vez mayor concentración de la propiedad de la tierra. Con sus adquisiciones de tierra, la empresa se ha hecho con el control de los recursos, arrebatándoselos a las pequeñas familias agricultoras. La tierra es un activo esencial para la producción. Además, la empresa parece ignorar el hecho de que la elevada concentración de la propiedad de la tierra en Colombia es ampliamente reconocida como causa y acicate del conflicto armado interno que ya dura más de medio siglo. No es una coincidencia que el primer punto de la agenda de las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC sea la democratización del acceso a la tierra.

Con sus argumentos, en los que afirma que sus adquisiciones no perjudicaron directamente a las familias campesinas porque el tamaño medio de los baldíos era de 1.500 hectáreas, Cargill ignora la realidad y la legislación colombiana. La Unidad Agrícola Familiar (UAF), establecida por la ley como la cantidad de tierra considerada necesaria para que una familia pueda obtener un medio de vida digno en Colombia, es el límite máximo de tierra (baldío) que el Estado puede proporcionar a una sola persona. La UAF no es la misma en todas las partes del país sino que varía en función de los distritos, dependiendo de la producción potencial y de otros factores. La UAF en el departamento de Vichada, donde Cargill adquirió las tierras, es de hasta 1.725 hectáreas en algunos distritos.

La Corte Constitucional de Colombia ha dictaminado en varias ocasiones que los baldíos son recursos públicos que deben ser utilizados en beneficio de la sociedad, en línea con el artículo 64 de la Constitución de 1991 que insta al Estado a promover de forma progresiva el acceso a la tierra de los trabajadores agrícolas con recursos limitados con el objetivo de mejorar los ingresos y la calidad de vida de la población rural. La Ley 160 de la reforma agraria de 1994 prohíbe que cualquier persona física o entidad jurídica pueda acumular más de una UAF adjudicada previamente como baldío.

La afirmación de Cargill, en la que señala que la creación de empresas fantasma para adquirir grandes superficies de tierra de forma fragmentada es una forma habitual de proceder en la industria inmobiliaria en todo el mundo –y que Oxfam no puede verificar–, no es excusa para que ignore la legislación colombiana con respecto a la acumulación de baldíos.

Ahora, el Gobierno del presidente Santos parece estar presionando para reformar una ley que permitiría una mayor concentración de tierras en Colombia que, sin embargo, iría en contra de los actuales compromisos adquiridos por el Gobierno hasta la fecha durante las negociaciones de paz. Oxfam espera poder contribuir al debate sobre las terribles consecuencias de tal reforma.

Existe un consenso cada vez mayor en que invertir en pequeñas familias agricultoras es la clave para acabar con el hambre. Oxfam subraya que éstas deben mantener su acceso a la tierra para que, así, una mezcla de agricultura a gran y pequeña escala pueda conseguir reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria. La historia de Colombia ha demostrado que la concentración de la propiedad de la tierra no conduce a la paz ni, mucho menos, hacia un desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Espero que Cargill entienda esto. Porque parece que no.

Esta entrada fue publicada originalmente en inglés en el blog de Oxfam América Politics of Poverty.

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