Día 4: Las trabajadoras agrícolas mueren por falta de seguridad alimentaria

Fatima Shabodien

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Ex-directora de la ONG Women on Farms
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Una de las peores perversidades de nuestro tiempo es que los productores de alimentos y sus hijos suelan acostarse con hambre. Urge reformar la agricultura comercial para que las mujeres trabajadoras que cultivan y empaquetan los alimentos tengan suficiente para comer.

Por Fatima Shabodien, exdirectora de la ONG Women on Farms

En noviembre de 2011, Sudáfrica, país de ingresos medios del que provengo, quedó escandalizado por la noticia que cuatro niños de una misma familia habían muerto de inanición y deshidratación en una veld (altimeseta). Los niños de la familia Mmupele, de edades comprendidas entre los dos y los nueve años, murieron tras seguir a su madre, que trabaja en la agricultura, cuando iba en busca de alimentos. Todos nos preguntamos, ¿cómo es posible que, en una región fértil conocida como el centro del triángulo del maíz de Sudáfrica, las personas que cultivan los alimentos básicos de nuestra tierra puedan haber sucumbido a un destino tan trágico característico de la Edad Oscura?

La inseguridad alimentaria está generalizada y el hambre es una realidad para las personas que actualmente viven y trabajan en las plantaciones comerciales agrícolas de Sudáfrica. Una de las peores perversidades de nuestro tiempo es que los productores de alimentos y sus hijos suelan acostarse con hambre. El retraso en el crecimiento como consecuencia de la malnutrición está particularmente acentuado entre los hijos de los trabajadores agrícolas.

"La inseguridad alimentaria está generalizada y el hambre es una realidad para las personas que viven y trabajan en las plantaciones comerciales agrícolas de Sudáfrica."

Las mujeres son especialmente vulnerables dentro de este sistema, ya que su acceso a la vivienda y al empleo siguen dependiendo casi plenamente de si mantienen una relación con un hombre. En un contexto en que la dependencia del alcohol y la violencia de género forman un potente cóctel, esta dependencia tiene literalmente consecuencias de vida o muerte para las mujeres y sus hijos.

A pesar de que Sudáfrica cuenta con una Constitución y una Carta de Derechos de primera clase que prohíben claramente la discriminación por sexo, existe un sistema altamente institucionalizado de asignación de puestos de trabajo en el sector de la agricultura comercial en el país. De hecho, los puestos fijos de trabajo con mejores sueldos están reservados para los hombres (según la construcción social patriarcal en que los hombres son los cabeza de familia), mientras que los puestos de las mujeres se limitan fundamentalmente a trabajos temporales, inseguros, mal remunerados y a menudo más peligrosos. Esta discriminación provoca que las mujeres renuncien a las comidas cuando los alimentos escasean, pues todos los medios de subsistencia dependen de que haya un hombre como sostén económico de la familia.

Sudáfrica es uno de los países más urbanizados del continente africano y se calcula que aproximadamente el 62 por ciento de la población vive en ciudades. La agricultura comercial está sometida a una feroz presión para alimentar a la población en constante aumento de las ciudades y llegar a los mercados de exportación europeos.  Los agricultores comerciales, afectados por la espiral de precios de los alimentos, han intentado ahorrar incesantemente en los costes de mano de obra mediante la eventualidad, la feminización y la externalización de los contratos a intermediarios (en gran parte para eludir las leyes laborales). Estas tendencias han tenido consecuencias devastadoras para las trabajadoras del sector agrícola. Las estrategias de reducción de costes adoptadas por los propietarios de tierras han reducido a la mitad la mano de obra agrícola oficial del país durante los 17 años posteriores al apartheid, pasando de 1,4 millones a 700.000 trabajadores. El grupo compuesto por las trabajadoras agrícolas temporales y estacionales sufre las consecuencias al generalizarse la inseguridad alimentaria.

"La liberalización y la vulnerabilidad ante las exigencias de los mercados globales han sumido a los pobres, y a las mujeres en particular, en una mayor inseguridad alimentaria.

El salario mínimo legal actual se sitúa muy por debajo de lo que una familia necesita para poder mantenerse, (gastando más del 80 por ciento de los ingresos en alimentación), y resulta irónico que las familias de los trabajadores agrícolas no tengan acceso a la tierra para poder cultivar sus propios alimentos. La falta de acceso a la tierra, altamente extendida, es en parte un legado del apartheid, pero se ha visto agravada por una errónea reforma agraria centrada en el establecimiento de una clase de agricultores comerciales negros, algo que ha fracasado estrepitosamente. El Estado sudafricano ha reconocido finalmente que, de ahora en adelante, la seguridad alimentaria debería ser un objetivo clave de la redistribución de la tierra, si bien no hay muchas pruebas que se vaya a realizar un cambio que sitúe a las mujeres en el núcleo de dicha estrategia.

A su vez, el coste de los alimentos en las localidades rurales es notablemente más alto que en los centros urbanos, un problema agravado por el hecho de que, a falta de un sistema de transporte público, los trabajadores dependen de los comercios agrícolas locales (cuyos dueños son los propietarios de las tierras) donde pueden adquirir alimentos a crédito pero a un precio que supera de media en un 30 por ciento el de otros minoristas rurales. Con esta práctica tan extendida, los trabajadores suelen verse atrapados en una servidumbre por deudas, ya que su deuda pendiente se deduce automáticamente de su salario semanal.

Parece probable que el sector agrícola comercial de Sudáfrica siga vigente, al menos en un futuro próximo, y que las mujeres continúen trabajando cada vez más como mano de obra agrícola. Por ello, urge reformar la agricultura comercial con el fin de garantizar la seguridad alimentaria de las mujeres trabajadoras que cultivan y empaquetan los alimentos de estas explotaciones. Esta reforma es doblemente necesaria si tenemos en cuenta la creciente expansión de los acaparamientos de tierra en el continente africano, tras los cuales se ensancha el modelo de producción agrícola extensiva que se está convirtiendo en la norma.

"Urge reformar la agricultura comercial con el fin de garantizar la seguridad alimentaria de las mujeres trabajadoras.

Durante su misión de 2011 en Sudáfrica, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación concluyó que aunque la falta de ingresos fuese muy pronunciada en la provincia de Limpopo, el nivel de hambre infantil era muy bajo. Esto lo atribuyó al alto número de mujeres que trabajaban en su propia producción agrícola gracias al acceso a la tierra del que disfrutaban. En el contexto de la carga generalizada de enfermedades que recae sobre las mujeres rurales, una intervención así puede (y en algunos casos así ha sido) marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El acceso de las mujeres a la tierra y otros recursos productivos es, por tanto, un elemento fundamental para la seguridad alimentaria.

La reforma de la agricultura comercial debería incluir un salario digno (no simplemente un salario mínimo) establecido por ley y que incluya el derecho a percibir un paquete de prestaciones no salariales. Debería garantizarse el acceso a la tierra a los trabajadores y trabajadoras agrícolas, así como el control sobre la tierra y el agua necesarios para que produzcan sus propios alimentos. Los trabajadores y trabajadoras también deberían disfrutar de apoyo de extensión por parte del Estado y los grandes agricultores privados. Las instalaciones agrícolas comerciales ya disponen en abundancia de los elementos necesarios para apoyar la agricultura de subsistencia. Asimismo, los servicios especializados de apoyo deberían promover los métodos agroecológicos de producción de alimentos.

La reforma agraria, a través de una estrategia concomitante, debería centrase en alcanzar la seguridad y la soberanía alimentarias. Para ello, sería preciso alejarse del sueño de reemplazar sin más a los hombres agricultores comerciales blancos por negros, y en su lugar replantearse básicamente un sistema agrícola que tenga otros objetivos aparte de la generación de beneficios a través de la exportación. A su vez, debería animarse a los trabajadores agrícolas y a los pequeños agricultores a formar cooperativas de consumidores, productores y de mercado.

Actualmente hay un debate público muy activo sobre la noción de un Estado desarrollista en nuestro país. Esto plantea preguntas importantes como la función que ha de desempeñar el Estado en un mercado abierto. Existen numerosas pruebas que la liberalización y la vulnerabilidad ante las exigencias de los mercados globales han sumido a los pobres, y a las mujeres en particular, en una situación de mayor inseguridad alimentaria. Por consiguiente, el objetivo de lograr seguridad alimentaria requiere la intervención activa de un Estado que se posicione no solo como un mero regulador neutral, sino como un protector activo de los intereses de las personas pobres. A pesar de toda la retórica oficial, hasta la fecha no hemos visto que esto suceda en nuestro país.

A la hora de reclamar reformas del sector agrícola comercial, es importante tener en cuenta que la tierra y todos los recursos naturales forman, en última instancia, la base del poder social y político, y que un cambio radical hacia un modelo sostenible (como un programa de reforma agraria centrado en las mujeres) no tendrá lugar si no se impugna dicho poder. Una intervención conjunta de movimientos de mujeres resultará esencial para cambiar el panorama agrícola de Sudáfrica. Es fundamental que las mujeres rurales se movilicen a fin de promover sus propios intereses. Aunque las ONG desempeñan una importante función de apoyo, el éxito a largo plazo dependerá de la movilización colectiva y el liderazgo de las propias mujeres rurales. 

"La tierra y los recursos naturales forman la base del poder social y político. Un cambio radical hacia un modelo sostenible no tendrá lugar si no se impugna dicho poder

Solo cuando hayamos incorporado estos principios básicos podremos empezar a soñar con una seguridad alimentaria para las trabajadoras agrícolas y con que tragedias como la de la familia Mmupele no se repitan. Garantizar el derecho a la alimentación de las mujeres puede constituir un vehículo estratégico para garantizar todos los derechos de las mujeres en general, a la vez que supone un paso importante en la lucha contra la cultura patriarcal. 

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