Día 8: Las virtudes de la discriminación

Sophia Murphy

Blog mensaje por Sophia Murphy

Consultora y asesora sénior para el Instituto de Política Agrícola y Comercial (IATP)
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Cuando hay igualdad, todos los países se benefician de un comercio más abierto. Pero aquí estriba el problema: no hay igualdad. Para la mayoría de las mujeres, el contexto consiste en la desigualdad. Para proteger y promover los derechos de las mujeres, los negociadores de tratados comerciales deberían discriminar.

Por Sophia Murphy, consultora y asesora sénior para el Instituto de Política Agrícola y Comercial

Desde 1947, la no discriminación ha sido uno de los principios fundamentales en los que se basa el sistema de comercio multilateral. Esto implica que si dos países son miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y acuerdan establecer relaciones comerciales entre sí mediante una serie de condiciones, han de ofrecer esas mismas condiciones a todos los miembros de la OMC.

Hasta cierto punto, es un buen principio. Cuando hay igualdad, todos los países se benefician de un comercio más abierto, y cuanto más abre sus fronteras un país, más se enriquece su economía.

"No hay igualdad, ¿y quién lo sabe mejor que las mujeres?"

Pero aquí estriba el problema: no hay igualdad, ¿y quién lo sabe mejor que las mujeres? El mundo no es un lienzo en blanco que se crea de nuevo cada vez que se firma un acuerdo comercial. El contexto en el que entra en vigor un acuerdo comercial no sólo constituye un elemento importante, sino que es más o menos el cuento completo. Para la mayoría de las mujeres en casi todo el mundo, el contexto consiste en la desigualdad cultural, política y económica.

El comercio internacional y las inversiones en agricultura han creado nuevos sectores en los que la mano de obra de las mujeres predomina. Por ejemplo, el 80 por ciento de los trabajadores del sector de las flores cortadas en Uganda son mujeres, así como el 80 por ciento de los trabajadores en la producción y el envasado de fruta para exportación en Tailandia. Si bien surgen importantes cuestiones sobre la calidad de estos puestos de trabajo, no hay duda de que el comercio y la inversión internacionales han creado nuevas oportunidades para las mujeres. Muchas de ellas antes se encontraban atrapadas en una situación de dependencia económica característica de sus culturas tradicionales y ahora celebran la posibilidad de ganarse la vida de manera independiente.

Algunas mujeres agricultoras de Burkina Faso que conocí en 2006 bromearon sobre ello: "Si vienes a ver nuestros campos, tendremos que inventarnos alguna historia, ya que si los hombres ven a un europeo interesado, es posible que descubran por cuánto se venden nuestras flores, y entonces se apoderarían de nuestro negocio".

Sin embargo, las mujeres todavía están en desventaja respecto a los hombres frente a la globalización.

La liberalización del comercio mundial y la desregularización de las inversiones internacionales han favorecido a las personas con más poder económico (normalmente los hombres), a las que han recibido más educación (normalmente los hombres), y a aquellas que cuentan con un mayor control de los activos productivos (una vez más, los hombres).

Del mismo modo, la liberalización y desregulación han tendido a desfavorecer a los individuos que tienen un mayor número de personas dependientes a su cargo (normalmente las mujeres), a los con pocos o ningún activo productivo (más frecuentemente las mujeres), y a aquellos sin protección legal o política (una vez más, las mujeres).

Las nuevas oportunidades que han encontrado las mujeres gracias a la globalización suelen ser en sectores donde las barreras a la entrada son pocas, y por tanto también son pocos los beneficios.

"La presunción de que todos parten de las mismas condiciones aumenta las desigualdades existentes.  "

Podría decirse que el modelo predominante de comercio e inversión mundial produce resultados discriminatorios debido a su propia incapacidad de discriminar. La presunción de que todos parten de las mismas condiciones aumenta las desigualdades existentes. 

La Revolución Verde que alteró la agricultura de Asia y América Latina en los años sesenta y setenta ilustra el problema. Las nuevas tecnologías introducidas por la Revolución Verde producían mejores resultados para los agricultores que tenían propiedades relativamente grandes, mayores reservas de capital y una mayor base educacional (muchos más hombres que mujeres). En su mayor parte, los científicos y trabajadores de extensión implicados en la Revolución Verde (de nuevo, en su mayoría hombres) estaban ciegos frente a la contribución que las mujeres hacían a la agricultura, reflejando el inherente sexismo de su educación y culturas.

Como resultado, la Revolución Verde marginalizó de manera general a las mujeres en el sector agrícola. Ignoró el conocimiento tradicional que tenían las mujeres en materia de semillas, cultivo y comercio, expuso a millones de mujeres que desempeñaban trabajos agrícolas a pesticidas y herbicidas que perjudicaban su salud y la de sus hijos, e iba en contra de sus intereses económicos al aumentar la importancia del dinero en efectivo en los hogares agrícolas a expensas de las transacciones no monetarias.

En la mayoría de las culturas, el dinero en efectivo es habitualmente feudo de los hombres. La necesidad de dinero en efectivo crea una necesidad de crédito y, por tanto, de garantía, por lo que la propiedad de los activos de producción, como la tierra, cobra importancia. De nuevo, es mucho más probable que sean los hombres quienes posean estos activos.

Los países y fundaciones donantes ha reconocido recientemente la desigualdad a la que se enfrentan las mujeres en materia de agricultura. La crisis de los precios de los alimentos de los años 2007 y 2008 parece haber centrado la atención de los donantes, que ahora prometen actuar donde antes no lo hicieron. Un aumento de la asistencia a las mujeres agricultoras podría mejorar mucho la capacidad de las mujeres para participar y beneficiarse del comercio e inversiones internacionales.

"Raramente los donantes mencionan los derechos de las mujeres o  la importancia de la inversión en las mujeres por el propio bien de las mujeres."

Sin embargo, gran parte de la motivación es abiertamente instrumental, y su justificación se basa en que invertir en las mujeres conducirá a unos niveles de crecimiento más rápidos y un mayor rendimiento de la producción agrícola total. Raramente los donantes mencionan los derechos de las mujeres o  la importancia de la inversión en las mujeres por el propio bien de las mujeres. Si los donantes sólo se preocupan por hacer crecer la productividad agrícola, no lograrán reducir la desigualdad de género, e incluso podrían aumentarla, tal y como ocurrió durante la Revolución Verde.

Los donantes deben formar parte de una amplia estrategia agrícola que aborde, de manera deliberada, las necesidades y los intereses de las mujeres a varios niveles. Para que las mujeres alcancen el éxito como productoras y comerciantes, los gobiernos deben liberarlas del tiempo que emplean en cuidados reproductivos, invirtiendo en el cuidado de niños y ancianos y en fuentes de energía no contaminante que sean asequibles y accesibles. Las mujeres necesitan tener control sobre su fecundidad. Los gobiernos deben invertir en caminos seguros y redes de comunicación decentes, no sólo para facilitar que las mercancías lleguen al mercado, sino para que las mujeres puedan desplazarse con seguridad. Es necesario que las niñas reciban educación, y toda la familia necesita tener acceso a un servicio de salud asequible y de calidad.

Asimismo, las mujeres requieren protección jurídica para que puedan beneficiarse de las nuevas oportunidades económicas. Es necesario que la ley garantice el derecho de las mujeres a la misma remuneración por el mismo trabajo. Deben ser capaces de defender sus reivindicaciones sobre los activos de producción, con el apoyo de leyes de sucesión y de matrimonio que sean igualitarias.

"Para participar en el plano económico, las mujeres necesitan tener una voz política, tanto en sus comunidadescomo en los gobiernos municipales, estatales y nacionales."

A su vez, para participar en el plano económico, las mujeres necesitan tener una voz política, tanto en sus comunidades como en los gobiernos municipales, estatales y nacionales.

Los gobiernos (y los donantes) necesitan aplicar una discriminación positiva. Los reglamentos sobre contratación pública deberían insistir en que las compañías que reciban financiación pública tengan políticas explícitas para promover los derechos de las mujeres. Esto podría incluir un compromiso fehaciente de trabajar con mujeres productoras y cooperativas de mujeres, de comprar un mínimo de insumos procedentes de mujeres, o trabajar con un número mínimo de mujeres procesadoras o comerciantes. Por su parte, los inversores extranjeros también deberían ser obligados a demostrar cómo sus inversiones proporcionarían oportunidades significativas a las mujeres.

Para que las mujeres puedan beneficiarse de las inversiones y el comercio, los gobiernos han de replantearse en primer lugar qué se entiende por beneficio. ¿Es suficiente un aumento del PIB o un incremento de los intercambios comerciales? La respuesta es no. Los gobiernos deben ir más allá y buscar beneficios tales como mejores salarios en los sectores peor remunerados, o más oportunidades de empleo para las mujeres.

Para aplicar esta discriminación positiva, los gobiernos necesitan más información. Los datos desglosados por género continúan siendo poco comunes. Nuevos índices, tales como el Índice de Equidad de Género presentado por Social Watch, pueden iluminar la realidad de las mujeres: el valor económico del papel reproductivo de las mujeres en el hogar, diferencias de género en el acceso al mercado laboral y las condiciones laborales, nivel de educación, acceso al crédito y financiación y acceso a los anticonceptivos y a la planificación familiar, entre otros.

Existen numerosas buenas razones para buscar la sencillez en los acuerdos internacionales de inversión y comercio. La no discriminación posee esta cualidad. No obstante, fracasa a la hora de responder a la gran necesidad de normas multilaterales que reduzcan las desigualdades y protejan y promueven los derechos humanos, incluyendo los derechos de las mujeres.

Ha llegado el momento de que los negociadores de tratados comerciales comiencen a discriminar.

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