Día 9: Políticas nutricionales que funcionen para las mujeres

Jayati Ghosh

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Economista feminista y profesora en la Universidad Jawaharlal Nehru
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Los indicadores de nutrición femenina están por debajo de los de sus homólogos masculinos en casi todos los países y grupos de edad. Las desigualdades de género en el acceso a los alimentos son un claro reflejo de las realidades socio-culturales del país, y a menudo se ven agravados por políticas públicas insensibles a las cuestiones de género o francamente discriminatorias.

Por Jayati Ghosh, economista feminista y profesora en la Universidad Jawaharlal Nehru

Los indicadores de nutrición femenina están por debajo de los de sus homólogos masculinos en casi todos los países y grupos de edad. Este contraste es mucho más marcado en el mundo en desarrollo, particularmente en gran parte del sur de Asia y en zonas de África subsahariana, donde la malnutrición (especialmente la desnutrición) ha empeorado recientemente.

 "En gran parte del mundo, las mujeres son las principales productoras de alimentos."

Desgraciadamente, esto ha dejado de sorprendernos, pues estamos acostumbrados a las desigualdades de género en diferentes ámbitos. No obstante, hay razones para sorprenderse, ya que, en la actualidad, en gran parte del mundo, las mujeres son las principales productoras de alimentos: como miembros de explotaciones agrícolas familiares, implicadas en un trabajo reconocido o no reconocido, en cultivos y como trabajadoras agrícolas. A pesar de ello, las características estructurales del cultivo y distribución de alimentos –deterioradas por la transición hacia actividades más empresariales– continúan generando desequilibrios en función del género que pueden haberse vuelto más pronunciados.

Tomemos como ejemplo el caso de la India, que cuenta con los peores indicadores de nutrición entre todos los países más grandes del mundo y sin duda con el mayor número de personas que padecen hambre. Las desigualdades de género en el acceso a los alimentos son un claro reflejo de las realidades socio-culturales del país, en muchas partes del cual mujeres y niñas en sus hogares reciben menor cantidad de alimento y de peor calidad no sólo por la evidente discriminación a la que se enfrentan, sino también por auto-renuncia si la familia pasa por dificultades. Estos factores sociales se ven desafortunadamente agravados por políticas públicas insensibles a las cuestiones de género o completamente discriminatorias en el trato a las mujeres en el sistema alimentario en general.

"Las políticas agrícolas deben dejar de basarse en títulos de propiedad para ir incorporando a todos."

Para comenzar, a pesar de la importancia de las mujeres en el cultivo de alimentos, apenas se las reconoce como agricultoras. Esto se debe a que raramente poseen títulos legales sobre la tierra, se les deniega  el acceso al crédito institucional, a servicios públicos de extensión agrícola e insumos, e incluso a vías de comercialización. Todo ello incrementa sustancialmente los costes a los que deben hacer frente y empuja a muchas de ellas a una agricultura de subsistencia cada vez más insegura. Las políticas agrícolas deben dejar de basarse en la identificación a través de títulos de propiedad para avanzar hacia la incorporación de todas las personas implicadas en el cultivo de alimentos.

En cualquier caso, los agricultores, incluyendo mujeres, se ven asfixiados por el aumento de los costes de producción, la reducción de los subsidios y una menor inversión pública en zonas rurales, incluso cuando tienen que competir con productos importados subvencionados. Las mismas tendencias afectan a la demanda de trabajo agrícola, un sector con amplia presencia de mujeres. Asimismo, como consecuencia de la desigualdad de género en la sociedad, la crisis de la agricultura como medio de vida afecta desproporcionadamente más a mujeres y niñas.  Las políticas agrícolas deberían orientarse específicamente a la pequeña agricultura y abarcar todos los temas, incluyendo la irrigación y el acceso al agua, investigación y extensión agrícola, acceso a un crédito institucional asequible, acceso a insumos sostenibles y pertinentes así como a mercados estables para vender la producción. En cada uno de estos aspectos, se ha de prestar una atención especial a las mujeres agricultoras, que tienden a ser excluidas de los beneficios a causa de las restricciones económicas y culturales. 

El reciente aumento de los precios de los alimentos, que refleja la influencia de fuerzas de carácter internacional así como la incapacidad de India de gestionar el sistema alimentaria de manera adecuada, limitando seriamente el acceso a los alimentos para la mayoría de los hogares e la India, afectando sobre todo a las mujeres. Un modo claro de abordar este problema sería expandir, ampliar e incrementar la eficiencia y la transparencia del sistema de distribución pública de alimentos, que proporciona semillas y otros artículos alimentarios básicos a precios subvencionados. Hay ya indicios sólidos de que los estados que han llevado esta iniciativa a la práctica –como Tamil Nadu, Kerala y, recientemente, Chhattisgarh– han sido capaces de compensar al menos algunos de los impactos adversos de la subida de los precios de los alimentos y así garantizar una mejor nutrición para las mujeres.

Sin embargo, la política nacional de la India ha sido más bien la contraria, pretendiendo limitar y reducir la extensión y cobertura del sistema de distribución pública para restringir las subvenciones alimentarias. Incluso se habla de reemplazar el abastecimiento directo de alimentos por transferencias de dinero en efectivo a los hogares para reducir los gastos públicos y las filtraciones a personas no elegibles. La mayoría de mujeres pobres están en contra de esta estrategia, ya que son conscientes de que el dinero puede gastarse de muchas maneras, no necesariamente en comida, y que a causa de la distribución de poder en el seno de la familia la nutrición de las mujeres y niñas va a sufrir. Al contrario, si la red de distribución se hace más eficiente y transparente mediante una combinación de tecnología y movilización social, se puede garantizar una mejor entrega.

"Los desequilibrios en función del género en materia de nutrición pueden paliarse o abordarse mediante políticas públicas."

Algunos programas públicos tienen el potencial de hacer frente a desequilibrios de género, pero es necesario reformar su funcionamiento. Por ejemplo, el programa de comedores escolares ha sido un éxito no únicamente por el aumento de la asistencia escolar que ha conllevado, sino por las mejorías en la nutrición de los niños que asisten a la escuela. Sin embargo, no cuenta con la financiación adecuada y se está intentando sustituir las comidas saludables por “galletas enriquecidas”, que incrementarían los beneficios empresariales en lugar de proporcionar empleo a las mujeres locales.

Otro programa a gran escala para madres y niños pequeños –el Programa integrado para el desarrollo de los niños– tiene como objetivo proporcionar servicios de nutrición y de salud a las embarazadas y madres lactantes y a los infantes hasta la edad de tres años. Pero al igual que muchos otros programas del Gobierno de la India de la última década, un objetivo principal a la hora de prestar estos servicios es limitar el gasto, apoyándose en el trabajo no remunerado de mujeres que no reciben ni siquiera el salario mínimo por el gran número y variedad de tareas que desempeñan.

La moraleja de esta realidad de la India es que los desequilibrios en función del género en materia de nutrición, aunque motivados por desigualdades sistémicas en la construcción del género en la sociedad, pueden paliarse o abordarse mediante políticas públicas. Pero para ello, las propias políticas públicas deben volverse más sensibles a las cuestiones de género, en lugar de acentuar las formas existentes de discriminación. Un sistema que tenga en cuenta las cuestiones de género ofrecería:

  • Más reconocimiento a las mujeres agricultoras y más facilidades para ellas, acompañado de políticas para hacer rentable la agricultura a pequeña escala, incluyendo el acceso al crédito institucional (en lugar de, simplemente, el acceso a un microcrédito), a tecnología e insumos y  a mercados más estables;
  • Sistemas de distribución pública más eficientes y transparentes y otras medidas que permitan que los alimentos sean accesibles para todo el mundo, incluyendo mujeres y niñas, para lo que es necesario diferentes formas de intervención estatal en los mercados de alimentos básicos;
  • Más inversión a fin de aumentar la cobertura y la calidad de servicios públicos relativos a  nutrición, salud y saneamiento, y de proporcionar trabajo decente y bien remunerado a tanto mujeres como los hombres, evitando a la vez basar la prestación de los servicios públicos en el trabajo no remunerado de las mujeres; y 
  • Limitar el poder que ejercen las empresas en los sistemas alimentarios a fin de mantener e incrementar las ganancias de los agricultores y agricultoras y a la vez evitar que los patrones de consumo de alimentos se vuelvan poco saludables.

En las últimas dos décadas, se ha descuidado enormemente la agricultura, particularmente la agricultura a pequeña escala, en el discurso político en todo el mundo. Además, la distribución de los alimentos se ha puesto en manos de las fuerzas de mercado que refuerzan y acentúan la discriminación y la malnutrición. El movimiento a favor de las mujeres debe abordar este asunto de manera urgente, no sólo para mejorar la situación de las mujeres sino para ir construyendo economías y sociedades más equitativas, viables y sostenibles.

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