Oxfam International Blogs - Derechos humanos http://l.blogs.oxfam/en/tags/derechos-humanos en América Latina: la inestabilidad política como agravante a la crisis de derechos humanos http://l.blogs.oxfam/en/node/81687 <div class="field field-name-body"><p><span><em>Entrada escrita por Renata Oliveira, asesora regional de seguridad de Oxfam en América Latina y el Caribe</em>.</span></p><p>Hace unos meses tuve la oportunidad de reencontrarme con Marlín Sierra, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (<a href="https://www.cenidh.org/" target="_blank" rel="nofollow">CENIDH</a>), y acompañarla en algunas actividades durante su gira de incidencia en Europa. Conocí a Marlín en enero de 2018 durante un encuentro con varias personas defensoras de los derechos humanos en la Ciudad de México. Ni en nuestras previsiones más extremas y pesimistas hubiéramos podido predecir la horrible situación a la que se enfrentarían Marlín y sus compañeros y compañeras en Nicaragua. Tampoco me imaginaba que, cuatro meses después, llegaría a una Managua en plena crisis.</p><p>Viajar a Nicaragua no estaba en mis planes a corto plazo. Habían pasado tantas cosas en Latinoamérica y en Oxfam seguíamos pendientes de la crisis postelectoral en <a href="https://bit.ly/2MeEWD1" target="_blank" rel="nofollow">Honduras</a>, del incremento de los asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos en <a href="https://pbicolombia.org/2017/12/13/public-pronouncement-13th-december-2017/" target="_blank" rel="nofollow">Colombia </a>&nbsp;y de la situación del profundo cierre de espacios de actuación de la sociedad civil en toda la región.</p><p>El de cierre de espacios y los ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos no son hechos nuevos en Latinoamérica. Sin embargo, el rápido deterioro de la situación política de los países de la región ha tenido resultados catastróficos. Un ejemplo de ello es la situación que vive <a href="http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua2018-es.pdf" target="_blank" rel="nofollow">Nicaragua</a>.</p><p><strong>El contexto político y las graves violaciones de los derechos humanos</strong><br>Existe una tendencia regional –o más bien mundial– de avance del conservadurismo y retroceso en temas de derechos humanos. Esta tendencia, sumada a la captura del Estado por ciertos grupos de interés como empresas multinacionales, inversionistas y otros actores, ha costado la vida de muchas personas, en especial líderes y lideresas indígenas y del campesinado, periodistas y activistas. En Latinoamérica <a href="https://www.frontlinedefenders.org/es/resource-publication/annual-report-human-rights-defenders-risk-2017" target="_blank" rel="nofollow">212 personas defensoras fueron asesinadas</a> como represalia por su labor en 2017.</p><p>Estos ataques son muy graves porque normalmente quedan impunes, lo que perpetúa el ciclo de la violencia. Además, el grado de libre actuación, sin miedo a represalias, de las personas defensoras de los derechos humanos es un buen termómetro de la salud democrática de un país y del nivel de respeto a los derechos humanos.</p><p>Como lo documenta Amnistía Internacional en su <a href="https://www.amnesty.org/en/documents/amr43/8470/2018/es/" target="_blank" rel="nofollow">informe <em>Disparar a matar: estrategias de represión de la protesta en Nicaragua</em></a>, el Gobierno del presidente Daniel Ortega utiliza, desde abril de 2018, una estrategia letal de represión a las protestas. Sin embargo, lo que el informe de AI no registra, dado que ocurrió después de su publicación, es el incremento de los ataques de acuerdo con una estrategia de “aniquilación y ‘cacería’ de la población por parte de fuerzas parapoliciales con armamento de alto calibre y con características de fuerzas paramilitares”, tal como lo señala el CENIDH en su <a href="https://www.cenidh.org/recursos/63/" target="_blank" rel="nofollow">informe #5</a> (29 de julio de 2018).</p><p><strong>Retrocesos en la protección de personas defensoras de los derechos humanos</strong><br>En este contexto de grave crisis política en la región, se han dado muchos retrocesos respecto a la protección de las personas defensoras de los derechos humanos. Algunos de estos retrocesos son más visibles y se manifiestan mediante ataques y la persecución de estas personas. Otros son más silenciosos, como el deterioro y la eliminación de los mecanismos de derechos humanos y de protección a las personas defensoras.</p><p>Colombia, que ocupa el segundo puesto en el ranking latinoamericano de asesinatos, no ha logrado adoptar medidas más adaptadas al contexto particular, ni a las necesidades de las personas defensoras de los derechos humanos, especialmente los grupos de mujeres indígenas y campesinas. El mecanismo de protección hondureño, a su vez, no ha podido responder a la demanda generada tras las elecciones de noviembre 2017 y las consecuentes amenazas y hostigamiento contra las personas defensoras de los derechos humanos.</p><p>En enero de 2018, gran parte de mi intercambio con Marlín se centró en estrategias de influencia para la creación de un mecanismo nacional de protección a personas defensoras de los derechos humanos en Nicaragua. La discusión ya estaba en marcha en el país, pero caminaba a pasos lentos. Y si ya caminaba a pasos lentos antes de desatarse la crisis en abril, esta discusión ahora va marcha atrás.</p><p><strong>Nicaragua: en el ojo de la tormenta</strong><br>Amnistía Internacional ha <a href="https://www.amnesty.org/es/latest/news/2018/07/nicaragua-government-must-end-repression-after-three-months-of-senseless-slaughter/" target="_blank" rel="nofollow">denunciado </a>&nbsp;el asesinato de más de 300 personas desde abril en Nicaragua como consecuencia de la represión, además de los <a href="https://www.frontlinedefenders.org/es/statement-report/several-attacks-against-human-rights-defenders-and-journalists-amid-political" target="_blank" rel="nofollow">ataques </a>&nbsp;contra las personas que han luchado para denunciar las graves violaciones de los derechos humanos. Miembros del CENIDH han sido objeto de <a href="https://www.frontlinedefenders.org/en/case/nicaraguan-government-intimidates-vilma-nunez-de-escorcia" target="_blank" rel="nofollow">intimidación</a>.</p><p>Lo que diferencia Nicaragua de otros países latinoamericanos que han enfrentado y, en algunos casos, siguen enfrentando situaciones de inestabilidad política, es la duración de una fase muy aguda de la crisis (que ya lleva cuatro meses) y el hecho que, pese a los esfuerzos internacionales como la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la <a href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2018-0249+0+DOC+XML+V0//PT" target="_blank" rel="nofollow">resolución</a> del Parlamento Europeo, ha habido un progresivo recrudecimiento de las estrategias de represión.</p><p>Hace mucho que la crisis en Nicaragua dejó de ser una crisis política. Se trata de una crisis de graves violaciones de los derechos humanos, con persecución de las personas defensoras de los derechos humanos, y con serias consecuencias humanitarias, tales como un gran número de <a href="http://www.acnur.org/noticias/briefing/2018/7/5b6082454/acnur-aumenta-su-respuesta-a-medida-que-miles-de-personas-huyen-de-la-violencia.html" target="_blank" rel="nofollow">personas desplazadas</a> y la pérdida de medios de vida.</p><p>El doble desafío que nos queda por delante como comunidad internacional es el de determinar cómo enfrentar el problema sin descuidar la protección de las personas defensoras y cómo asegurar que una solución negociada al conflicto mantenga ese tema en la agenda (en especial el derecho a la reparación y verdad respecto de los actos de represión actual). Asimismo, es necesario y urgente buscar soluciones para asuntos muy concretos, como la necesidad de rápida reubicación de grandes grupos de personas defensoras perseguidas y la potencial persecución judicial de las mismas tras la aprobación de ley antiterrorista en julio de 2018, que criminaliza la protesta.</p><p><em>Foto: Oscar Acuña Moraga.</em></p></div><div class="field field-name-title"><h2>América Latina: la inestabilidad política como agravante a la crisis de derechos humanos</h2></div> Mon, 27 Aug 2018 14:15:20 +0000 Annie Thériault 81687 at http://l.blogs.oxfam http://l.blogs.oxfam/en/node/81687#comments ¿Cómo regresar a una Siria que ya no existe? http://l.blogs.oxfam/en/node/81440 <div class="field field-name-body"><p><strong>A siete años del inicio de la guerra en Siria, la situación sigue siendo desalentadora. Niñas, niños, mujeres y hombres continúan sumidos en un conflicto marcado por un tremendo sufrimiento humano, una destrucción implacable y un desprecio flagrante por los derechos humanos.</strong></p><p>Las terribles noticias que llegan estos días desde Guta Oriental, donde el brutal conflicto se ha recrudecido, han devuelto la guerra a los titulares de los principales medios de comunicación. Los recientes combates en otras zonas como Afrin, Idlib y Deir Ez-Zor continúan cobrándose vidas y dejando a las familias en una situación desesperada. Durante este largo conflicto a menudo se han despreciado y destruido las vidas de las mujeres, hombres, niñas y niños sirios.</p><p>Mientras rodaba un documental sobre refugiados en el Líbano y Jordania, me conmovió la valentía y resiliencia de las personas que conocí. Sin embargo, muchas lo único que hacen es lograr sobrevivir en condiciones terribles.</p><p>Los hogares de muchas de estas personas en ciudades y pueblos sirios se han visto reducidos a escombros o están ocupados por extraños. Jawaher, una madre de Homs, me decía: "Nuestras casas han desaparecido. ¿Cómo podemos regresar a un lugar que ya no existe?"</p><p><strong>Tras siete años de conflicto las estadísticas son espeluznantes</strong>: al menos 400.000 personas han muerto y más de 13 millones necesitan desesperadamente ayuda humanitaria, entre ellas casi 400.000 atrapadas en zonas sitiadas como Guta Oriental. Más de la mitad de la población, casi 12 millones de personas, ha huido de sus hogares (muchas de ellas en varias ocasiones). Más de 5,6 millones de personas refugiadas viven en países vecinos, la mayoría en condiciones de extrema pobreza.</p><p>Jawaher, la refugiada que entrevisté para el documental, me contó que su hijo ha regresado a Siria hace poco y que le manda mensajes de texto en los que le cuenta que la situación "es mala, muy mala". A pesar de las bajas temperaturas carece de cualquier fuente de calor y no ha recibido ningún tipo de ayuda. Las organizaciones humanitarias todavía no consiguen llegar a muchas personas que necesitan auxilio dentro de Siria.</p><p><strong>Pero, a pesar de las dificultades, algo se logra hacer llegar.</strong> Durante el pasado año, Oxfam ayudó a aproximadamente dos millones de personas entre residentes en Siria y personas refugiadas y comunidades de acogida en el Líbano y Jordania, proporcionándoles agua apta para el consumo, saneamiento y ayuda alimentaria, entre otros. También ha ayudado a muchos refugiados a conseguir un medio de vida.</p><p>Ser ciudadano o ciudadana de Siria es difícil incluso si consigues escapar del país. Quienes viven en la capital de Jordania, Amman, saben lo elevado que es el coste de vida allí. Imagínense ser una persona refugiada siria y tener que vivir, comer y cuidar de los hijos. A pesar de los esfuerzos de las autoridades jordanas muchos refugiados no consiguen encontrar trabajo y dependen totalmente de la limitada ayuda que reciben. Esto condena a muchos, especialmente a muchas mujeres, a vivir sin un trabajo con el que ganarse la vida dignamente. ¡Qué terrible desperdicio de talento!</p><p>Una joven refugiada siria en el campo de Za’atari también nos contó su historia y cómo está forjando su propio destino como reportera para una revista sobre la vida en ese campo. Abeer, de 20 años, espera poder volver a Siria un día y se ha fijado como meta devolver algo a su país por "todo lo sufrido y sacrificado". Sueña con poder contar las historias de los sirios y sirias que regresen para comenzar de nuevo y reconstruir su país. La pregunta es cuándo, cuánto más va a durar este conflicto y cuánto va a costar.</p><p><strong>En los últimos años, la comunidad internacional</strong> ha proporcionado a la región miles de millones de euros en ayudas que han servido para mantener con vida y aliviar el sufrimiento de millones de personas refugiadas. Pero los esfuerzos no han aumentado en proporción a la creciente magnitud de las necesidades.</p><p>La continua violencia, el derramamiento de sangre y el sufrimiento en el que vive sumido el país demuestran el fracaso catastrófico de la comunidad internacional. Los esfuerzos por salvar vidas civiles y proporcionar ayuda humanitaria a las personas atrapadas en el conflicto se han visto continuamente socavados por las operaciones militares.</p><p>Los líderes mundiales tienen una inmensa deuda en la tarea de proteger y ayudar a la población civil, así como de promover una solución política a este conflicto. La población siria se lo merece.</p><p><em>Por Shaheen Chughtai (<a href="https://twitter.com/ShaheenX" rel="nofollow">@ShaheenX</a>), responsable de Campañas, Políticas y Comunicaciones de la respuesta de Oxfam a la crisis siria, en el 15 del marzo 2018.</em></p><p></p></div><div class="field field-name-title"><h2>¿Cómo regresar a una Siria que ya no existe?</h2></div> Thu, 15 Mar 2018 10:09:08 +0000 Shaheen Chughtai 81440 at http://l.blogs.oxfam http://l.blogs.oxfam/en/node/81440#comments Latinoamérica sigue siendo la región más peligrosa para quienes defienden la tierra y el medio ambiente http://l.blogs.oxfam/en/node/81161 <div class="field field-name-body"><p><span>La organización&nbsp;</span><a href="https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defender-la-tierra/" rel="nofollow"><i>Global Witness</i><span>&nbsp;publicó recientemente su informe&nbsp;</span>Defender la Tierra</a><span>, que pone Latinoamérica en el tope de la lista de asesinatos a defensores y defensoras que trabajan temas de derecho a la tierra y a un medio ambiente sostenible. El documento registra 119 asesinatos en Latinoamérica en 2016. Brasil lidera la lista con 49 asesinatos, seguido por Colombia (37), Honduras (14), Nicaragua (11), Guatemala (6), México (3) y Perú (2).</span></p><p>Si bien Brasil permanece en primer lugar en términos de cifra total, la situación es bastante preocupante en Honduras, que presenta un mayor número de asesinatos&nbsp;<i>per cápita&nbsp;</i>en la última década. Igualmente preocupante es la situación de Colombia, donde a pesar de todos los esfuerzos para lograr la paz y poner un término al conflicto, aquellos y aquellas que se dedican a la defensa de los derechos humanos siguen siendo asesinados/as.</p><p>Los números por sí mismos son alarmantes, y es aún más preocupante el hecho que probablemente se trate de cifras que sub-representan las verdaderas dimensiones del problema, debido a las varias dificultades para registrar asesinatos de este tipo – sea por los intentos de autoridades en ocultar este tipo de delito, porque los y las defensoras que trabajan estos temas viven en su mayoría en zonas muy aisladas geográficamente, o por el cierre de espacios a organizaciones de la sociedad civil que podrían documentar y denunciar la situación.</p><p><b>Avances y retrocesos</b></p><p>A pesar de la existencia de mecanismos de protección de personas defensoras en&nbsp;<a href="http://www.sdh.gov.br/assuntos/combates-as-violacoes/programas/defensores-dos-direitos-humanos-1" rel="nofollow">Brasil</a>,&nbsp;<a href="http://www.derechoshumanos.gov.co/areas/Paginas/Protecci%C3%B3n.aspx" rel="nofollow">Colombia</a>,&nbsp;<a href="http://www.sdhjgd.gob.hn/biblioteca-virtual/noticias/noticias/697-sistema-nacional-de-proteccion-para-personas-defensoras-de-derechos-humanos-periodistas-comunicadores-sociales-y-operadores-de-justicia-presento-avances" rel="nofollow">Honduras</a>&nbsp;y&nbsp;<a href="https://www.gob.mx/segob/documentos/conoce-mas-sobre-el-mecanismo-de-proteccion-de-personas-defensoras-de-derechos-humanos-y-periodistas" rel="nofollow">México</a>&nbsp;(y uno en proceso de adopción en&nbsp;<a href="http://copredeh.gob.gt/inicia-proceso-elaboracion-politica-publica-proteccion-defensoras-defensores-ddhh/" rel="nofollow">Guatemala</a>), <a href="https://www.somosdefensores.org/attachments/article/144/Contra%20las%20cuerdas.%20Informe%20Anual%20Espan%CC%83ol%20220217227p.pdf" rel="nofollow">defensores y defensoras han denunciado repetidamente la ineficacia de dichos mecanismos</a>, lo que se puede comprobar con el número de asesinatos mencionados.</p><p><a href="http://www.conectas.org/pt/acoes/empresas-e-direitos-humanos/noticia/49345-seguranca-de-defensores-em-risco" rel="nofollow">Ben Leather,&nbsp;<i>campaigner</i>&nbsp;de&nbsp;<i>Global Witness</i>, en&nbsp;entrevista</a>&nbsp;brindada a la <a href="http://www.conectas.org/" rel="nofollow">ONG brasileña&nbsp;Conectas</a>&nbsp;comenta que los números del informe sobre Brasil muestran que “la política nacional de protección a las personas defensoras de derechos humanos no se ha implementado de manera apropiada”, mencionando además la “pérdida de importancia” de las políticas de derechos humanos durante el gobierno Temer y el <a href="http://comiteddh.org.br/wp-content/uploads/2017/07/terra-de-direitos_dosie_040717_web.pdf" rel="nofollow">impacto negativo al Programa de Protección a Personas Defensoras</a>.</p><p>Sobre Honduras, el informe de&nbsp;<i>Global Witness</i>&nbsp;visibiliza el asesinato de la prominente defensora de derechos humanos&nbsp;<a href="http://www.oxfamintermon.org/es/que-hacemos/proyectos/avanzadoras/berta-caceres" rel="nofollow">Berta Cáceres</a>&nbsp;en la madrugada del 3 de marzo de 2016. Berta era co-fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (COPINH) y una de las defensoras medioambientalistas más conocidas de la región, habiendo sido ganadora del&nbsp;<a href="http://www.goldmanprize.org/recipient/berta-caceres/" rel="nofollow">Premio Goldman</a>&nbsp;el 2015. La defensora y mujer indígena Lenca fue asesinada debido a su resistencia pacífica a la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.</p><p>El asesinato de Berta tuvo gran repercusión y COPINH, junto a diversas organizaciones locales e internacionales como&nbsp;<a href="https://www.oxfam.org/es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2016-03-08/oxfam-insta-los-inversores-internacionales-retirarse-del" rel="nofollow">Oxfam</a>, empezaron una campaña para que los inversionistas europeos retiraran el apoyo al polémico proyecto. Efectivamente, el <a href="https://www.oxfam.org/es/sala-de-prensa/reactivos/inversionistas-europeos-retiran-apoyo-polemico-proyecto-hidrolectrico-en" rel="nofollow">Banco Holandés de Desarrollo (FMO) y el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (FinnFund) anunciaron recientemente su&nbsp;salida&nbsp;del proyecto</a>. Al mismo tiempo, COPINH lidera una campaña para que el Congreso de EEUU vote una&nbsp;<a href="https://bertavivecopinhsigue.copinh.org/article/carta-del-copinh-ley-berta-caceres/" rel="nofollow">ley</a>&nbsp;que busca suspender la asistencia en materia de seguridad a Honduras hasta que cesen las violaciones de derechos humanos y que los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Berta sean llevados a la justicia.</p><p>Pese a la importancia de estos avances, los y las defensores/as en Honduras y la comunidad internacional deben seguir vigilantes, ya que en la misma semana en que los financiadores europeos anunciaron su salida del proyecto – lo que fue considerado una gran victoria – <a href="https://www.frontlinedefenders.org/es/case/attack-and-attempted-killing-berta-z%C3%BAniga-c%C3%A1ceres-and-other-copinh-members" rel="nofollow">Bertha Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres y actual coordinadora de COPINH, sufrió un&nbsp;intento de asesinato</a>.</p><p>El informe trae también un apartado sobre la situación en Colombia, donde “los asesinatos alcanzaron un máximo histórico, pese a (o tal vez, debido a) el acuerdo de paz firmado recientemente entre el gobierno y el grupo guerrillero de las FARC”.</p><p>La <a href="http://www.acuerdodepaz.gov.co/" rel="nofollow">sociedad civil colombiana y la comunidad internacional han acogido con gran satisfacción el&nbsp;acuerdo&nbsp;firmado en noviembre de 2016</a>, sin embargo, de acuerdo con el informe, desde entonces la violencia en contra quienes defienden sus tierras ancestrales y el medio ambiente, ha aumentado. El incremento en el número de asesinatos de personas defensoras en Colombia también va en contra la&nbsp;<a href="http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_325_esp.pdf" rel="nofollow">sentencia&nbsp;emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el mismo mes de la firma de los acuerdos de paz</a>, declarando al Estado colombiano responsable por no prevenir el asesinato de una defensora de derechos humanos bajo riesgo por su labor legítima en la defensa de derechos.</p><p><span>&nbsp;</span></p><p><b>Ampliando el espacio de protección a las personas defensoras en Latinoamérica</b></p><p>No hay ninguna duda que defender los derechos humanos se ha convertido en una ocupación de alto riesgo en Latinoamérica, en particular si la defensa de derechos implica en hacer frente a poderosos intereses económicos.</p><p>El informe de&nbsp;<i>Global Witness&nbsp;</i>es bastante didáctico al presentar recomendaciones para que defensores y defensoras de la tierra y del medio ambiente puedan realizar su activismo libres de cualquier restricción y/o represalias. El informe lista las siguientes recomendaciones: abordar las causas estructurales de vulneración de derechos; apoyar y proteger a las personas defensoras, reconociendo su importancia; y garantizar la rendición de cuentas para combatir la impunidad.</p><p>Aunque los principales agentes de cambio para cambiar la situación serían los propios Estados, las compañías, los inversionistas y otros grupos no-estatales, y la comunidad internacional, pueden y deben jugar un importante rol en apoyar y fortalecer voces locales, en la apertura de espacios de acción para personas defensoras de derechos humanos, y en la lucha en contra la impunidad. En este sentido Oxfam espera unirse al esfuerzo internacional ya llevado a cabo por diversas organizaciones internacionales, regionales y locales para garantizar la protección a personas defensoras de derechos humanos y el combate a las causas estructurales de la situación de riesgo que enfrentan.</p><div><br><hr align="left" width="33%"><div><p><a href="#_ftnref1" title="" rel="nofollow">&nbsp;</a></p></div></div></div><div class="field field-name-title"><h2>Latinoamérica sigue siendo la región más peligrosa para quienes defienden la tierra y el medio ambiente</h2></div> Tue, 01 Aug 2017 23:56:19 +0000 Renata Oliveira 81161 at http://l.blogs.oxfam http://l.blogs.oxfam/en/node/81161#comments Honduras: La Guacamaya en la mina de oro http://l.blogs.oxfam/en/node/80923 <div class="field field-name-body"><p><em>Escrito por Benjamin Fash, de la Universidad de Clark, y Scott A. Sellwood, Oficial de programa de Industrias Extractivas de Oxfam.</em></p> <p><strong>Nuevas concesiones mineras están surgiendo en secreto en Honduras, a pesar de proclamaciones de transparencia y participación ciudadana. </strong>Minería Honduras, <a href="http://www.mineriahonduras.com/" rel="nofollow">un nuevo mapa interactivo</a>, evidencia todas las concesiones mineras a partir de octubre de 2015, dándoles la oportunidad -por primera vez- a los ciudadanos hondureños, de ver la ubicación y el estado estos proyectos y ejercer su derecho a conocer y decidir si las explotaciones mineras avanzarán, o no, en sus comunidades.</p> <p>En abril del 2016, durante una celebración para declarar a Copán Ruinas –municipio en el noroeste de Honduras-  como El Valle Sagrado de la Guacamaya Roja, miembros de la comunidad le cambiaron la agenda al viceministro de minería y medio ambiente, presente en el evento.</p> <p><strong>“Señor ministro, hay una manifestación mañana en contra de unas concesiones mineras aquí“</strong>, comenzó un periodista local.</p> <p>“Yo sé que hay solicitudes para concesiones mineras en prácticamente todos los 298 municipios del país y tengo información que Copán Ruinas no es la excepción”, respondió, “pero la ley dice claramente cuáles son las maneras, los mecanismos, para obtener más información y cómo tomar decisiones como comunidad.”</p> <p>Tiene razón. El único problema es que en Honduras –y en muchas otras partes del mundo– no siempre funcionan estos mecanismos.</p> <p><img alt="Una presa de 745 pies de altura en construcción para una futura central eléctrica en Honduras." title="Una presa de 745 pies de altura en construcción para una futura central eléctrica en Honduras" height="680" width="1240" class="media-element file-default" typeof="foaf:Image" src="http://l.blogs.oxfam/sites/default/files/presa_en_honduras1.jpg" /></p> <p><em>Una presa de 745 pies de altura en construcción para una futura central eléctrica en Honduras. Foto: Getty Images.</em></p> <h3>Defendiendo el territorio</h3> <p>El año pasado, <strong>Oxfam comisionó un estudio sobre los impactos actuales y potenciales de la minería en Honduras. </strong>En el estudio también participaron investigadores de la Universidad de Clark y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y uno de los principales objetivos del mismo era ayudar a las comunidades a tomar decisiones sobre el futuro de sus recursos y territorios, lo cual no es nada fácil en un país donde quienes alzan la voz en contra son amenazados, y <a href="http://politicsofpoverty.oxfamamerica.org/2016/03/in-honor-of-the-life-of-brave-advocate-berta-caceres/" rel="nofollow">muchas veces asesinados por hacerlo.</a></p> <p>En febrero del 2016, nuestro equipo de investigación visitó Copán Ruinas. Escogimos el municipio porque en mayo del 2015 cuatro concesiones de exploración minera metálica habían sido aprobadas allí. Estas concesiones abarcan 3,789 hectáreas ricas en diversidad biológica y cultural, incluyendo 14 aldeas (donde viven miembros de la etnia Maya Chortí), una cuenca de agua para 40,000 habitantes y cultivos de café y cacao de alta calidad. Además, este territorio también comprende un parque de aves y la antigua ciudad maya de Copán (un sitio inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO).</p> <p>Honestamente, también teníamos gran curiosidad sobre <strong>por qué nadie de la comunidad se había opuesto a un proyecto minero en Copán Ruinas.</strong> Con <a href="http://www.laprensa.hn/honduras/515888-97/honduras-fuga-de-cianuro-cae-al-rio-lara" rel="nofollow">derrames de cianuro, problemas de salud, despojo, accidentes laborales, asesinatos de activistas ambientalistas como Berta Cáceres, manifestaciones masivas</a> y más, la imagen de la minería no es tan brillante como el oro.</p> <p>Resulta que <strong>prácticamente nadie en la comunidad sabía de las solicitudes para explotación minera. </strong>Nueve meses antes, Minerales Chortí S.A. de C.V., la empresa líder de la exploración, publicó avisos en el diario hondureño La Prensa y en Radio América. Pero estos anuncios minúsculos quedaron ocultos entre los clasificados del periódico y usaron coordenadas geográficas técnicas (en lugar de un mapa, por ejemplo). Obviamente su publicación pasó desapercibida.</p> <h3>El pueblo se levanta</h3> <p>Durante nuestra visita produjimos un sencillo mapa que ayudó a difundir el posible proyecto minero y las comunidades de Copán se organizaron en oposición. Activistas locales lanzaron la página de Facebook <a href="https://www.facebook.com/nominascopan/" rel="nofollow">“No a la minería en Copán Ruinas”</a>, que atrajo a más de 800 seguidores en un solo día.</p> <p>Las juntas locales de agua expresaron sus preocupaciones y poco después <a href="https://youtu.be/K6QRXe5x5Pc" rel="nofollow">el alcalde de Copán</a> y <a href="https://www.facebook.com/nominascopan/photos/pcb.775709792560086/775709485893450/?type=3&amp;theater" rel="nofollow">la Cámara de Comercio, Industria, y Turismo </a>agregaron sus voces de oposición al proyecto extractivo. En abril del 2016, miles de copanecos realizaron una marcha en donde participaron organizaciones de la étnia Maya Chortí. Al día siguiente, <strong>la presidenta de la coalición, Rode Murcia, recibió una amenaza de muerte, </strong>pero prometió continuar liderando la lucha. Se rumoraba que la amenaza provenía de los lugareños que tenían acuerdos con la compañía minera para vender su tierra o facilitar el proceso.</p> <p><img alt="Berta Cáceres, ambientalista hondureña." title="Berta Cáceres, ambientalista hondureña." height="680" width="1240" class="media-element file-default" typeof="foaf:Image" src="http://l.blogs.oxfam/sites/default/files/beta_caceres_honduras1_0.jpg" /></p> <p><em>Berta Cáceres obtuvo en el 2015 el prestigioso Premio Goldman por su defensa del medioambiente en Intibucá, Honduras. Su asesinato, en marzo del 2016, sigue sin esclarecerse. Foto: Otras voces.</em></p> <p>En mayo del año pasado, la Coalición recaudó fondos de sus 22 comunidades para alquilar un autobús y hacer el viaje de ocho horas a Tegucigalpa, donde presentó una denuncia contra el Instituto Hondureño de Geología y Minas por no garantizar el derecho de los miembros de la étnia Maya Chortí al consentimiento libre, previo e informado. Con la ayuda de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), la coalición de Copán Ruinas obtuvo acceso a documentos clave de las concesiones, incluyendo mapas y planes de exploración.</p> <p>Los documentos revelaron, que <strong>en Honduras se puede cumplir con la ley y a la vez dejar en el total desconocimiento a los más afectados por nuevos proyectos mineros. </strong>La ley minera requiere un proceso de consulta exhaustivo para la etapa final de aprobación, pero sólo otorga al municipio local 60 días para aprobar (o negar) las concesiones a través de una votación municipal. El problema es que para ese entonces las empresas ya han invertido millones en exploración y si esta revela un proyecto de extracción viable, abre oportunidades lucrativas para que pequeñas compañías vendan sus derechos de extracción. Este atractivo premio puede motivar a estas empresas a presionar y amenazar a las voces disidentes de las comunidades afectadas, falsificar documentos, y sobornar a numerosos actores clave.</p> <h3>La solución</h3> <p>Si realmente el estado hondureño quiere diseñar un proceso transparente y participativo para la aprobación de concesiones mineras, hay mucho trabajo por hacer. Para empezar, una prioridad debe de ser garantizar la seguridad de quienes exigen su derecho a saber y decidir. <strong>El gobierno debe asegurar que la información sobre los proyectos propuestos llegue realmente a quienes serán afectados y permitir más tiempo para la consulta</strong>, entre otras acciones.</p> <p>Cuando la comunidad tiene la información, actúa. Prueba de ello es que en el lapso de pocos meses, los habitantes de Copán formaron alianzas para movilizarse en masa. Y el movimiento continúa. La Coalición Ambientalista Copán Ruinas se ha unido a la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras con varias otras organizaciones como OFRANEH y COPINH, y <a href="https://www.youtube.com/watch?v=aMgE5jh0KTs" rel="nofollow">han participado en audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. </a></p> <p>Una de las cuatro concesiones de exploración fue cancelada en mayo del 2016, y hasta hoy se han detenido las operaciones. Los líderes de la Coalición han comenzado a formar nuevas visiones para futuros sostenibles con economías alternativas y una mejor gestión de residuos, agua y suelo. El Valle Sagrado de la Guacamaya Roja incluso puede llegar a sostener vidas humanas y no humanas mejor que antes del caos que se derivó de las concesiones.</p> <p>Copán Ruinas y otras comunidades sirven de modelo para organizar discusiones, debates y movimientos en la lucha por la autodeterminación.</p> <h3><a href="https://www.oxfam.org/es/paises/honduras" rel="nofollow">Conoce más sobre nuestro trabajo en Honduras.</a></h3></div><div class="field field-name-title"><h2>Honduras: La Guacamaya en la mina de oro</h2></div> Fri, 10 Feb 2017 12:47:16 +0000 Benjamin Fash 80923 at http://l.blogs.oxfam http://l.blogs.oxfam/en/node/80923#comments Cuando el gobierno escucha; la lección de El Salvador http://l.blogs.oxfam/en/node/66964 <div class="field field-name-body"><p><strong>El Salvador ganó el litigio contra la empresa minera transnacional canadiense Pacific Rim, ahora OceanaGold</strong>, quien <a href="http://www.efe.com/efe/america/ame-hispanos/el-salvador-gana-a-la-minera-pacific-rim-un-pleito-de-250-millones-dolares/20000034-3068325" rel="nofollow">había demandado al país ante el Centro Internacional para el Arreglo de Disputas en Inversiones (CIADI)</a>, adscrito al Banco Mundial (BM), exigiendo una indemnización de 250 millones de dólares por no haber recibido el permiso para la explotación minera.</p> <p>El proceso ha durado más de 7 años. La sentencia del CIADI indica que la empresa debe otorgar una indemnización al país de 8 millones de dólares.</p> <h3>Escuchando a la ciudadanía</h3> <p>A raíz de la demanda de la empresa Pacific Rim – OceanaGold y la no autorización para la explotación minera, <strong>el gobierno de El Salvador decidió no otorgar más permisos respaldándose en <a href="http://www.uca.edu.sv/noticias/texto-3788" rel="nofollow">el 77% de la ciudadanía</a></strong> de los 23 municipios con actividad minera que pidió la prohibición de la minería metálica en el territorio nacional.</p> <p><strong>Pocos gobiernos en la región han tomado decisiones sobre la viabilidad de los proyectos de industrias extractivas escuchando a su ciudadanía. Desde Oxfam hemos promovido por varios años la necesidad de que se implementen <a href="https://blogs.oxfam.org/es/blogs/15-07-29-de-la-criminalización-de-la-protesta-mecanismos-institucionales-de-protección-al">mecanismos de consulta y consentimiento para las comunidades.</a> </strong>Estos mecanismos están sustentados en los marcos internacionales de derechos humanos y, para el sector extractivo particularmente, bajo las políticas del <a href="http://www.icmm.com/en-gb/publications/indigenous-peoples-and-mining-position-statement" rel="nofollow">Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM, por sus siglas en inglés)</a>.</p> <p>Nuestra realidad latinoamericana en materia de conflictos sociales y ambientales vinculados a las industrias extractivas va en aumento junto con la criminalización de defensores y defensoras de su territorio. Es una respuesta de gobiernos y empresas, como lo han reconocido los diversos informes de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante 2015-2016.</p> <h3>Estados vs. intereses corporativos</h3> <p>La experiencia de El Salvador nos coloca dos aristas claves referidas a rol del estado y corporaciones sobre los derechos humanos. <strong>Hay un temor en los gobiernos a que la inversión se retire de los países por aumentar estándares, ejercer fiscalización o  fortalecer normativas.</strong> A su vez, cuando los gobiernos  aplican sus marcos nacionales, las empresas pueden demandar y exigir una indemnización a través de los tratados bilaterales de inversión. </p> <p>Como bien lo indicó en el 2015 <a href="http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/285&amp;referer=http://www.ohchr.org/EN/Issues/IntOrder/Pages/IEInternationalorderIndex.aspx&amp;Lang=S" rel="nofollow">el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Promoción de un Orden Internacional Democrático y Equitativo</a>, los tribunales de solución de controversias entre inversores y Estados pueden entender demandas de los inversores contra Estados, sin embargo, no pueden hacerlo respecto a demandas de Estados contra los inversores cuando violan leyes y reglamentos nacionales o cuando contaminan el medio ambiente.</p> <p>Este tipo de arbitraje está siendo cada vez más común y es una salida alternativa para las empresas que coloca contra la pared a los estados. Es una justicia internacional fuera del territorio nacional, privatizada, para solucionar controversias que están amparados bajo los acuerdos internacionales de inversión.</p> <p>En el 2015 <a href="http://elgranangular.com/blog/reportaje/peru-gasta-mas-de-53-millones-de-soles-en-defensa-de-arbitrajes-internacionales/" rel="nofollow">los procesos ante CIADI referidos a países de América Latina</a>, representaban cerca del 35% de las demandas, sobre todo de Argentina, México, Costa Rica, Panamá, Ecuador y Venezuela.</p> <h3>Costos al Estado</h3> <p><strong>Los procesos de arbitraje internacional conllevan pérdidas a los Estados</strong>, imagínense si a la vez tuvieran que compensar al inversor como sucedió con Ecuador, que tuvo que pagar dos demandas perdidas contra Chevron y Occidental. <a href="http://elgranangular.com/blog/reportaje/peru-gasta-mas-de-53-millones-de-soles-en-defensa-de-arbitrajes-internacionales/" rel="nofollow">Las demandas cuestan millones de dólares en gastos de defensa </a>durante el proceso, el promedio para cubrir gastos de honorarios de firmas de abogados ubicados en New York, Washington DC o Ginebra bordea los 8 millones de dólares.</p> <p><strong>En el caso de El Salvador, el proceso de la defensa le ha costado algo más de 13 millones de dólares, cifra que pudo haber sido utilizada en la construcción de 1,250 casas en zonas de pobreza o pagar dos años de alfabetización para 140 mil adultos.</strong></p> <p>Países como Brasil, Cuba, México, República Dominicana se mantienen sin ratificar la convención de 1965 de constitución del CIADI. Este mecanismo de arbitraje ha sido además denunciado por parte de Bolivia, Ecuador y Venezuela y renegociados o suspendidos algunos de sus tratados bilaterales de inversión para limitar el alcance de cláusulas del CIADI.</p> <h3>En la agenda</h3> <p>El Salvador tiene la oportunidad de evaluar si continúa con la moratoria a la minería, con los impactos y costos que esta actividad le conlleva al país contra otro tipo de actividades más sostenibles. No todos los países en la región se hacen ese tipo de preguntas, por lo que <strong>El Salvador nos da una interesante lección.</strong></p> <p>Es muy relevante que los estados en la región revisen los compromisos asumidos en materia de protección de inversiones, la casuística en la región indica que los acuerdos y tratados bilaterales generan laxas regulaciones en beneficio del interés nacional, protección de derechos y medio ambiente.</p> <p>Finalmente, <strong>desde América Latina se ha impulsado la demanda del tratado vinculante a las empresas transnacionales para que las violaciones a derechos humanos no queden impunes. </strong></p> <p>Organizaciones de la sociedad civil han pedido a Naciones Unidas que los estados incorporen las obligaciones extraterritoriales en sus planes de acción sobre empresas y derechos humanos.</p></div><div class="field field-name-title"><h2>Cuando el gobierno escucha; la lección de El Salvador</h2></div> Fri, 21 Oct 2016 22:45:39 +0000 Rocío Ávila 66964 at http://l.blogs.oxfam http://l.blogs.oxfam/en/node/66964#comments Un cartel normal http://l.blogs.oxfam/en/node/60913 <div class="field field-name-body"><p><strong>Es solo un cartel, pero cuanto significa</strong>. Podría haber sido en cualquier país de América Latina, en lugares recónditos donde el narcotráfico o las maras mandan, como Ocotepeque en Honduras; Tamaulipas en México o Puerto Barrios en Guatemala. No fue así, el cartel, o más bien los carteles, porque eran seis, estaban cerca de la transitada carretera Panamericana en el Perú, a 40 minutos de Lima.</p> <p><strong>¿Quién da la orden de disparar?, ¿quién permite poner el cartel? ¿soy el único sorprendido de todos los que pasan por aquí?</strong> Preguntas que me brotaban por la cabeza, sin embargo, su falta de respuesta no fue lo que más me sorprendió, sino la reacción de algunos conocidos cuando se los enseñé. “ah, sí, es normal”, esa fue la respuesta.</p> <p>¿Razones? Todas. La época de Sendero Luminoso, el negocio de las colonizaciones, las mafias. Y el que la violencia se sigue justificando en América Latina, toda es normal, por parte de gobiernos, empresas, jueces, vecinos, esposos o amigos. Hacia las mujeres, defensores de derechos humanos, jóvenes, hacia los privados de libertad, niñas y niños. Se normaliza, asimila, se vive con ella, permanece y se agudiza.</p> <h3>Dos ejemplos cercanos de violencias muy diferentes</h3> <p>Un taxista ayer, de regreso del aeropuerto me conversaba con tono ameno que le insistió a una amiga en que no se divorciara, a pesar de que su marido le acababa de golpear en la cara: "No era para tanto", decía.</p> <p>Hace dos meses en Honduras, el presidente de un banco inversor en una represa, nos respondió que fuéramos conscientes del gran costo de la inversión, cuando le dijimos de la muerte que estaba provocando la construcción de la misma.</p> <p>Tanta violencia normal lleva a datos escandalosos. <strong>De los 185 defensores de DDHH asesinados el año pasado en el mundo, 122 fueron en América Latina</strong>. Un joven en Latinoamérica de entre 15 y 24 años de edad está en más peligro de morir asesinado que en cualquier otro lugar del mundo. 14 de los 25 países del mundo con las tasas más altas de feminicidio están en Latinoamérica.</p> <p>La iglesia y la música han legitimado moral y culturalmente la violencia históricamente, pero dos hechos recientes han generado reacciones en la dirección correcta. Las <strong><a href="http://www.infobae.com/america/america-latina/2016/07/31/cardenal-peruano-culpo-a-las-mujeres-de-provocar-las-violaciones/" rel="nofollow">declaraciones</a></strong> del cardenal peruano Juan Luis Cipriani "muchas veces la mujer se pone como en un escaparate, provocando" generaron la mayor reacción de la violencia machista de la historia del Perú con el movimiento <strong><a href="https://twitter.com/NiUnaMenosPeru" rel="nofollow">#NiUnaMenos</a></strong>. También, la <strong><a href="http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-36830138" rel="nofollow">detención</a></strong> por apología al delito de Gerardo Ortiz, famoso cantante mexicano, después de que lanzó el video de una de sus canciones más populares en el que simula el asesinato de una mujer.</p> <p>Hay mucho por hacer, las razones de la violencia son muchas y complejas, pero nunca se justifica o se normaliza, ni con canciones, carteles o sermones. Demuestra el lado más primitivo y menos evolucionado del ser humano.</p></div><div class="field field-name-title"><h2>Un cartel normal</h2></div> Tue, 06 Sep 2016 21:12:38 +0000 Asier Hernando 60913 at http://l.blogs.oxfam http://l.blogs.oxfam/en/node/60913#comments Sin lugar a discusión: la consulta y el consentimiento de las comunidades no es negociable http://l.blogs.oxfam/en/node/46131 <div class="field field-name-body"><p>Las comunidades indígenas tienen el derecho a decir "no" antes de que empiecen obras a gran escala en sus territorios, es básicamente lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en <strong>Pueblos indígenas, Comunidades afrodescendientes, Industrias Extractivas</strong>, su <a href="http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/IndustriasExtractivas2016.pdf" rel="nofollow">reporte</a> más reciente enfocado en <a href="https://www.oxfam.org/es/informes/indice-de-consentimiento-de-las-comunidades-2015" rel="nofollow">Consentimiento Libre, Previo e Informado</a> (CPLI). </p> <p>La Comisión – un organismo de la Organización de los Estados Americanos – enfoca este nuevo reporte en la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en torno a proyectos que impliquen la explotación de recursos naturales. El informe, deja poco espacio a los detractores para debatir sobre los principios fundamentales del CPLI.</p> <p>Con este informe, la Comisión reafirma su posición como líder real en la<a href="http://elgranangular.com/consultaprevia/una-vuelta-de-tuerca-a-la-consulta-previa/" rel="nofollow"> </a><a href="http://elgranangular.com/consultaprevia/una-vuelta-de-tuerca-a-la-consulta-previa/" rel="nofollow">consulta a la comunidad y el consentimiento</a> relacionados con el petróleo, el gas y los proyectos de minería, con un peso sobre algunas de las cuestiones más controversiales en relación con la aplicación del CLPI. Los gobiernos y las empresas que buscan poner las <a href="https://www.oxfam.org/es/informes/indice-de-consentimiento-de-las-comunidades-2015" rel="nofollow">políticas de CLPI</a><a href="http://www.oxfam.org/communityconsent" rel="nofollow"> </a> en práctica deben prestar mucha atención a esta orientación. Esto incluye muchas de las compañías más grandes del mundo, que son miembros del<a href="https://www.icmm.com/members/member-companies" rel="nofollow"> </a><a href="https://www.icmm.com/members/member-companies" rel="nofollow">Consejo Internacional de Minería y Metales</a> y obligadas por su<a href="https://www.icmm.com/publications/icmm-position-statement-on-indigenous-peoples-and-mining" rel="nofollow"> </a><a href="https://www.icmm.com/publications/icmm-position-statement-on-indigenous-peoples-and-mining" rel="nofollow">requisito del CLPI</a>. Esto es lo que la Comisión tiene que decir acerca de lo que el CLPI debe significar en la práctica:</p> <h3>Libre</h3> <p>La aplicación efectiva del CLPI requiere que <strong>los gobiernos y las empresas eviten el uso de tácticas de manipulación o de coerción</strong>, cuando se involucran con las comunidades. El informe pone de relieve este punto, recordando a los lectores que "no debe haber coerción, engaño, o cualquier tipo de fuerza utilizada" en las consultas con las comunidades. Sin embargo, la Comisión va más allá, también teniendo en cuenta si las comunidades son en realidad obligadas a participar en un diálogo. ¿Qué pasa si las comunidades deciden en contra de un proyecto y deciden no participar en las consultas - estarían obligadas a invertir su tiempo en estos procesos? El informe responde con un claro "no", que indica que la Comisión "... está dirigida a asegurar que los pueblos indígenas puedan decidir si desean o no iniciar un proceso de consulta."</p> <h3>Previo</h3> <p>¿Qué tan temprano en el desarrollo de proyectos deben comenzar los procesos de consentimiento y consulta a la comunidad? <strong>La Comisión señala que esto debe ocurrir mucho antes de lo que normalmente sucede</strong> – antes de que se hayan otorgado concesiones. Sobre la cuestión de la concesión de licencias de proyectos sin consulta, el informe afirma:</p> <p>“… la región [América Latina] está plagada de un problema estructural constante que se refiere a la concesión de concesiones, autorizaciones y permisos de todo tipo, sin cumplir con el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y, en su caso, el consentimiento libre, previo e informado. Con una frecuencia alarmante, la Comisión recibe información sobre los planes o proyectos de diversa índole que afectan los derechos de los pueblos indígenas, que, sin embargo, no han sido consultados, ni se ha obtenido su consentimiento en los casos en que se requiera.”</p> <h3>Informado</h3> <p>Un proceso de consulta informada a la comunidad facilitará el intercambio de información objetiva, precisa y fácil de entender sobre los proyectos potenciales, incluyendo los riesgos asociados. El informe de la Comisión pone de relieve la necesidad de "información completa y precisa sobre la naturaleza y las consecuencias del proceso de los pueblos y comunidades consultadas.” En él se especifica que la información proporcionada sea "suficiente, accesible y oportuna." Además, el informe señala que en algunas circunstancias los Estados deberían proporcionar asistencia técnica independiente para los pueblos indígenas.</p> <h3>Consentimiento</h3> <p>Fundamentalmente, <strong>las comunidades deben ser capaces de dar o negar su consentimiento a un proyecto previo al inicio</strong> de todas las actividades. El informe examina en detalle el requisito de gobierno para asegurar el "consentimiento" (en contraposición a la consulta), cuando este examen sea obligatorio. Se cita a los conocidos Pueblos Saramaka v. Caso de Surinam que encontró que "en relación con el desarrollo o la extracción de los proyectos a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio [de los indígenas], el Estado tiene la obligación, no sólo de consultar [a los pueblos indígenas], sino también de obtener su consentimiento libre, previo e informado, de acuerdo con sus costumbres y tradiciones". Usando esta decisión como punto de partida, la Comisión va más allá de examinar lo que se constituye como "a gran escala". Por ejemplo, sin duda alguna, los proyectos de la industria extractiva caben en la factura. El informe afirma que “ciertas actividades podrían considerarse prima facie como a gran escala, tales como los relacionados con la exploración minera, de petróleo y gas a gran escala.” La Comisión también señala que "a gran escala" puede referirse a los impactos del proyecto y no sólo el tamaño del proyecto. Los Estados deben tener en cuenta "el impacto humano y social de la actividad" al examinar si un proyecto califica como a gran escala y por lo tanto requiere el consentimiento de la comunidad.</p> <p>Con su discusión de CLPI, la CIDH expone en blanco y negro sus puntos de vista sobre cómo los Estados deben estar poniendo en práctica el principio. Sin embargo los <a href="http://www.dplf.org/es/resources/derecho-la-consulta-y-al-consentimiento-previo-libre-e-informado-en-america-latina-0" rel="nofollow">gobiernos han tenido dificultades para poner en la práctica el CLPI en toda la región</a><a href="http://www.dplf.org/en/resources/right-free-prior-and-informed-consultation-and-consent-latin-america" rel="nofollow"> </a> a pesar de algunos avances importantes de política en países como Perú y Chile. Es hora de que los gobiernos prestan atención a un buen consejo de la Comisión y <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ueqwrVWhBWA" rel="nofollow">asuman su rol</a> sobre la política y la aplicación del CLPI.</p></div><div class="field field-name-title"><h2>Sin lugar a discusión: la consulta y el consentimiento de las comunidades no es negociable </h2></div> Tue, 03 May 2016 21:36:01 +0000 Emily Greenspan 46131 at http://l.blogs.oxfam http://l.blogs.oxfam/en/node/46131#comments ¿Qué está en juego en la III Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo (#FfD3)? Desviar recursos públicos para promover la inversión privada. http://l.blogs.oxfam/en/node/27259 <div class="field field-name-body"><p>En pocas semanas, Oxfam y otras organizaciones que trabajan para acabar con la pobreza y abordar la desigualdad en el mundo, participarán en los debates que tendrán lugar en la III Conferencia sobre <a href="http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/" rel="nofollow">Financiación para el Desarrollo</a> (#FfD3) de Addis Abeba sobre cómo se financiará el desarrollo internacional durante las próximas décadas. Pero, ¿qué es lo que realmente está en juego?</p> <p>La III Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo en Addis Abeba es la primera de las tres importantes cumbres internacionales que se celebrarán este año. Tendrá un impacto significativo en la cumbre sobre<a href="https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal" rel="nofollow"> los Objetivos de Desarrollo Sostenible</a> que se celebrará en Nueva York en septiembre y en el acuerdo para la lucha contra el cambio climático que se alcanzará en la cumbre de París de diciembre. Se trata de un efecto dominó que determinará cómo se financiará el desarrollo y la lucha contra cambio climático durante los próximos 15 años.</p> <h3>Dinero público para servicios públicos</h3> <p>El éxito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la hora de luchar contra la pobreza y la desigualdad y mejorar la vida de las personas dependerá de la capacidad de la comunidad internacional para encontrar los fondos necesarios para lograrlo. Estos fondos pueden venir de diversas fuentes: de la Ayuda Oficial al Desarrollo, de los impuestos y del sector privado. Pero más allá de reunir el dinero necesario, los Gobiernos deben asegurarse de que estos fondos para el desarrollo se invierten en el bien público y no para beneficiar intereses privados.</p> <p>Sin embargo, un peligro acecha en Addis Abeba. Actualmente existe un cambio de tendencia, tanto en los países ricos (donantes de Ayuda Oficial al Desarrollo) como en los países en vías de desarrollo, hacia la gestión privada de servicios públicos, como escuelas y hospitales. Esto significa que los servicios que son vitales para poner fin a la pobreza y la desigualdad están gestionados por instituciones cuya prioridad es el máximo beneficio y no el servicio público.</p> <p>Este cambio de tendencia es preocupante. La financiación pública (que se obtiene principalmente a través de los impuestos) es importante no solo por aquello que puede financiar, sino por su funcionamiento en sí. Cuando pagamos impuestos esperamos algo a cambio de nuestros Gobiernos. Esta reciprocidad refuerza la relación entre los Gobiernos y la ciudadanía. Así, el Estado financia los servicios a salvaguardar: la sanidad, la educación y la seguridad social de su ciudadanía; servicios que el sector privado no debería sufragar.</p> <h3>¿Quién ha hecho los cálculos?</h3> <p>Peor aún, no existen evidencias que respalden este cambio de tendencia. Y, sin evidencias, no hay garantía de que usar financiación pública para conseguir inversores privados que mejoren la vida de los ciudadanos y ciudadanas funcione en la realidad. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (que precedieron a los Objetivos de Desarrollo Sostenible) se alcanzaron de la forma más eficaz gracias a la financiación pública.</p> <p>El sector privado y sus inversiones son importantes para el desarrollo, y ciertamente tienen un papel que desempeñar. Sin embargo, los objetivos y procedimientos mediante los cuales se utilizan los cada vez más escasos fondos públicos para promover la financiación privada no siempre están en línea <a href="https://www.oxfam.org/en/research/busan-nutshell" rel="nofollow">con los acuerdos internacionales de mejora de la calidad de la ayuda</a>. A medida que la mencionada tendencia se fortalece, surgen cada vez más preguntas de dudosa respuesta. Aquí encontrarás algunas de las más inquietantes:</p> <ul><li><strong>¿Genera la financiación/inversión privada cambios positivos en las vidas de las personas?</strong> Las evidencias no son muy alentadoras. Los proyectos de ayuda gestionados por organizaciones privadas no siempre dan lugar a resultados positivos. El informe de Oxfam "<a href="https://www.oxfam.org/en/research/dangerous-diversion" rel="nofollow">Un desvío peligroso</a>" muestra como un solo hospital privado en Lesoto está acaparando más de la mitad del presupuesto nacional para sanidad. Además, este cambio de tendencia también generaría otros costes, como cobrar tasas a los usuarios de las infraestructuras o los servicios de sanidad y educación, que las personas más pobres no podrían pagar.</li> <li><strong>Los países ricos deciden las prioridades de la agenda</strong>. A menudo, las iniciativas de inversión privada están basadas en las prioridades de los donantes o países ricos y no se adecúan a las necesidades de los Gobiernos, comunidades o empresas locales de los países en desarrollo.</li> <li><strong>¿Dónde está el valor añadido? </strong>Las evidencias sugieren que muchos proyectos privados se podrían haber ejecutado incluso sin subvención pública. Un informe del Tribunal de Cuentas Europeo muestra que la mitad de los proyectos evaluados no necesitaba financiación pública. Por tanto, esto evidencia que se han desviado fondos de donde más se necesita al sector privado, para financiar servicios sanitarios, educativos e iniciativas de seguridad social.</li> <li><strong>Malas prácticas</strong>. Oxfam sabe qué puede pasar cuando la inversión privada no respeta los derechos humanos o el medio ambiente. En nuestro informe "<a href="https://www.oxfam.org/es/informes/el-sufrimiento-ajeno" rel="nofollow">El sufrimiento ajeno</a>" documentamos los efectos negativos en comunidades y medio ambiente de muchos países en desarrollo, de la falta de supervisión y de la mala aplicación de las diligencias debidas por parte del brazo crediticio del Banco Mundial.</li> <li><strong>¿Y las normas?</strong> A menudo, las normas para proteger a los trabajadores y el medio ambiente se aplican de forma insuficiente. Necesitamos principios de desarrollo sostenible legalmente vinculantes que todos los Gobiernos pudieran aplicar a todos los proyectos en los que se combine financiación pública y privada <a href="http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/delivering-sustainable-development-a-principled-approach-to-publicprivate-finan-365739" rel="nofollow">para garantizar la justicia social y medioambiental</a>. También es necesario que los Gobiernos respeten los estándares ya existentes como los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.</li> </ul><h3>¿Qué proponemos para la #FfD3?</h3> <p>Para garantizar avances en el ámbito del desarrollo, nos centraremos en las siguientes medidas:</p> <ul><li><strong>Reducir la desigualdad</strong> a través de la tributación progresiva y la financiación de servicios públicos.</li> <li><strong>La financiación del sector privado</strong> no debe reemplazar los compromisos existentes de los países ricos en Ayuda Oficial al Desarrollo.</li> <li><strong>Más regulación</strong>, rendición de cuentas y transparencia en las actividades del sector privado.</li> <li><strong>Trabajar para asegurar políticas más justas</strong>, tanto en el ámbito fiscal, como energético y agrícola, dirigidas a mejorar el bienestar de las personas más excluidas los países en desarrollo.</li> <li><strong>Impulsar un sector privado en el ámbito del desarrollo centrado</strong> en las pequeñas empresas y los pequeños productores, el empoderamiento a las mujeres emprendedoras, incentivar la creación local de empleos y fomentar la reducción de la desigualdad.</li> </ul><p>Para llevar a la práctica una agenda para el desarrollo sostenible post-2015 ambiciosa y transformadora, se requiere de un marco financiero inclusivo y sólido que incluya tanto a los países ricos como a los países en desarrollo. Esto dependerá de la voluntad política y de si las decisiones se toman en base a intereses egoístas a corto plazo o al mutuo beneficio a largo plazo.</p> <p>2015 es un año crucial para el desarrollo, pero tendrá que dar lugar a acuerdos concretos que permitan avanzar en materia de financiación para el desarrollo para que podamos decir lo mismo de 2030.</p> <p><em>Entrada publicada por Hilary Jeune (<a href="https://twitter.com/hilaryjeune" rel="nofollow">@hilaryjeune</a>), asesora política de Oxfam sobre la Unión Europea, el 6 de julio de 2015.</em></p> <p><em>Imágen: Una alumna escribe sobre una pizarra en la escuela primaria de la comunidad de Pamaronkoh en Calaba Town (Freetown, Sierra Leona). Fotografía: Aubrey Wade/Oxfam</em></p></div><div class="field field-name-title"><h2>¿Qué está en juego en la III Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo (#FfD3)? Desviar recursos públicos para promover la inversión privada.</h2></div><ul class="links inline"><li class="translation_en first"><a href="http://l.blogs.oxfam/en/blogs/15-07-03-whats-stake-financing-development-public-resources-private-finance" title="What&#039;s at stake for Financing for Development – diverting public resources to leverage private finance?" class="translation-link" xml:lang="en">English</a></li> <li class="translation_fr last"><a href="http://l.blogs.oxfam/fr/blogs/15-07-06-les-enjeux-financement-developpement-detourner-ressources-publiques-pour-mobiliser-financements-prives" title="Les enjeux du financement du développement : détourner des ressources publiques pour mobiliser des financements privés ?" class="translation-link" xml:lang="fr">Français</a></li> </ul> Tue, 30 Jun 2015 11:54:51 +0000 Guest Blogger 27259 at http://l.blogs.oxfam http://l.blogs.oxfam/en/node/27259#comments Alejandro Cárdenas Orozco, alias JJ, está en la calle http://l.blogs.oxfam/en/node/27059 <div class="field field-name-body"><p>Es noticia de ayer en Colombia, pero yo acabo de recibirla con absoluta consternación. Once organizaciones colombianas han alertado de la liberación de Alejandro Cárdenas Orozco, alias JJ, por parte de la Fiscalía de su país. Esta persona que ahora está en la calle es una de las investigadas por su <strong>presunta implicación en un caso emblemático de violencia hacia las mujeres en Colombia</strong>, el de la periodista Jineth Bedoya, de quien <strong><a href="https://www.oxfam.org/es/paises/jineth-bedoya-periodista-y-activista-colombiana-no-es-hora-de-callar" target="_blank" rel="nofollow">ya hemos hablado otras veces</a></strong>, y a quien desde hace años conozco y admiro. Porque ha sabido encauzar su sufrimiento personal hacia una oportunidad de vida digna para millones de mujeres y niñas en Colombia. </p> <p>El caso de Jineth es emblemático. Hace 15 años, <strong>debido a su labor como periodista, Jineth fue secuestrada, torturada y abusada</strong>. Su lucha, durante todos estos años, ha sido en parte una lucha en vano por encontrar justicia en el caso que le afecta personalmente. Las organizaciones que hoy denuncian la liberación de "JJ", unidas en la campaña "<strong><a href="https://saquenmicuerpodelaguerra.wordpress.com/" target="_blank" rel="nofollow">Saquen mi cuerpo de la guerra</a>"</strong> han apoyado su búsqueda de verdad y justicia, con el acompañamiento de la <strong><a href="http://flip.org.co/" target="_blank" rel="nofollow">Fundación para la Libertad de Prensa</a></strong>. Durante todo este tiempo, han sido testigos de la apatía y falta de voluntad de la Fiscalía por investigar el caso, de las dilaciones injustificadas y de la revictimización sicológica y física a la que ha sido sometida Jineth. Un ejemplo es que la periodista ha sido obligada a repetir 7 veces su declaración de los hechos, con la excusa de que "se había perdido el expediente". La liberación de Alejandro Cárdenas Orozco, alías JJ, es un paso más, y muy grave, de revictimización.</p> <p><strong>Jineth no está sola.</strong> Por ella, <strong><a href="https://www.oxfam.org/es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2015-06-04/repudio-por-la-liberacion-de-alejandro-cardenas-orozco?utm_source=oxf.am&amp;utm_medium=ZAhW&amp;utm_content=redirect" target="_blank" rel="nofollow">las organizaciones de la campaña</a></strong> le recuerdan a la Fiscalía General de la Nación de Colombia y a todos los entes estatales implicados que tienen un compromiso en la investigación, juicio y sanción de los responsables de las graves violaciones a los derechos de Jineth Bedoya. Le recuerdan que la Corte Penal Internacional, el 2 de diciembre de 2014, manifestó su preocupación porque "a pesar de las dimensiones del fenómeno, el número de procedimientos relativos a violaciones y otras formas de violencia sexual cometidas en el conflicto armado sigue siendo limitado".</p> <p>La liberación de Alejandro Cárdenas Orozco, alias JJ, muestra que, además de limitada, <strong>la voluntad del Estado colombiano para perseguir esta clase de crímenes es nula</strong>. Con estos elevados niveles de impunidad, no existe ninguna garantía de no repetición, ni para Jineth ni para miles de mujeres víctimas en Colombia, y eso ocurre con la complicidad de la Fiscalía. Las organizaciones rechazan y repudian esta liberación como un hecho claro de impunidad y alertan sobre los próximos procesos de excarcelación de otros victimarios en el marco del proceso de justicia y paz. Esto conlleva riesgos para el cuerpo y la vida de las mujeres. Junto con todas estas organizaciones, todos los que conocemos a Jineth, la intensidad de su lucha y su enorme compromiso con el sufrimiento de las mujeres colombianas, le enviamos un enorme abrazo de profunda solidaridad y afecto.</p> <p>Por Jineth Bedoya, por su valiente lucha contra la impunidad, <strong>por el futuro de las mujeres y niñas de Colombia</strong>, se impone que las instituciones tomen el camino de la justicia.</p> <p> </p> <p>Publicado originalmente en el blog de <strong><a href="http://blogs.20minutos.es/mas-de-la-mitad/2015/06/05/alejandro-cardenas-orozco-alias-jj-esta-en-la-calle/" target="_blank" rel="nofollow">20 minutos</a></strong>.</p> <p> </p></div><div class="field field-name-title"><h2>Alejandro Cárdenas Orozco, alias JJ, está en la calle</h2></div> Mon, 08 Jun 2015 07:35:33 +0000 BeléndelaBanda 27059 at http://l.blogs.oxfam http://l.blogs.oxfam/en/node/27059#comments Oxfam en la lucha mundial para garantizar los derechos a la tierra http://l.blogs.oxfam/en/node/26864 <div class="field field-name-body"><p>Ya empezó en Senegal el <strong><a href="http://www.globallandforum.org/?lang=es" target="_blank" rel="nofollow">Foro Global de la Tierra</a></strong>. Este año lleva como título “Gobernanza de la tierra para el desarrollo inclusivo, la justicia y la sostenibilidad: es hora de actuar”. Y para eso estamos aquí, para actuar y encontrar (¡y exigir!) soluciones que democraticen el acceso a la tierra en todos los países de nuestro continente.</p> <p>Los participantes venimos de 150 organizaciones y 54 países de África, Asia, Europa, Estado Unidos y América Latina y el Caribe. La delegación de Oxfam la conformamos 12 personas de diferentes lugares donde tiene presencia nuestra confederación, que también es miembro de la International Land Coalition (<strong><a href="http://www.landcoalition.org/es" target="_blank" rel="nofollow">ILC</a></strong>), la institución organizadora del evento. </p> <p>La ILC está formada por miembros de la sociedad civil, ONGs, instituciones académicas y de investigación, sindicatos e instituciones multilaterales. Representamos a mujeres y hombres campesinos, pastoralistas, pueblos indígenas y jóvenes que viven de la tierra con la principal preocupación de asegurar una vida digna, de bien estar, segura y en respeto mutuo con los pueblos y su entorno.</p> <p>Del equipo de Oxfam en América Latina y el Caribe estamos aquí Verónica Heilborn, de Paraguay y quien escribe, Johanna van Strien, de Guatemala. Queremos amplificar la voz de nuestra región en el Foro, poniendo énfasis en los temas de acaparamiento de tierras. <strong>Colombia, Honduras, Paraguay y Guatemala son algunos de los países con la distribución de tierra más injusta del mundo y están todos en América Latina. </strong></p> <p>Expondremos casos emblemáticos de lucha por el acceso a la tierra, como <strong><a href="https://www.oxfam.org/es/campanas/paraguay/pedimos-tierra-para-los-jovenes-de-curuguaty-paraguay" target="_blank" rel="nofollow">Curuguaty</a></strong> y <strong><a href="https://www.oxfam.org/es/campanas/tercer-aniversario-de-los-desalojos-en-el-valle-del-polochic-y-629-familias-aun-estan" target="_blank" rel="nofollow">Polochic</a></strong>, profundizaremos el análisis sobre la relación entre el derecho a la tierra y soberanía alimentaria para las mujeres rurales y levantaremos alertas sobre la difícil situación en la que viven las y los <strong><a href="https://www.oxfam.org/es/guatemala-nicaragua-honduras-colombia-mexico-paraguay/oxfam-apoya-los-defensores-de-derechos-humanos" target="_blank" rel="nofollow">defensores de derechos humanos</a></strong> en América Latina, especialmente aquellos relacionados con la defensa de la tierra y el territorio.</p> <p>El día inaugural del Foro, el “Africa day”, escuchamos a varios representantes del Estado de Senegal debatiendo sobre la necesidad de "transversalizar" el <strong>tema tierra</strong> en los programas de instituciones continentales y regionales, fortalecer derechos de mujeres a la tierra en África y el tema de tierra e inversiones. <strong>¿Deberíamos hacer lo mismo en Latinoamérica?</strong></p> <p>Y también aprovechamos para saludar a la gente de organizaciones amigas, para conocer nuevas personas que trabajen en la defensa de la tierra alrededor del mundo. Para eso también son importantes estos espacios: para construir relaciones fraternas de solidaridad que den larga vida a este movimiento global que propone devolverle a la gente —repartir de manera justa— algo tan básico como el agua y el pan:<strong> </strong><strong>la tierra</strong>. </p></div><div class="field field-name-title"><h2>Oxfam en la lucha mundial para garantizar los derechos a la tierra</h2></div> Mon, 25 May 2015 10:38:12 +0000 Johanna van Strien 26864 at http://l.blogs.oxfam http://l.blogs.oxfam/en/node/26864#comments