Comunidades informadas, empoderadas y resilientes en Centroamérica

En el año 2000 era casi impensable considerar la participación activa de las comunidades en el diseño y desarrollo de políticas en gestión del riesgo. Era impensable que las organizaciones de la sociedad civil exigieran a los gobiernos una mayor inversión en este tema, el fortalecimiento y capacitación a las comunidades para adaptarse mejor a los efectos del cambio climático y hacerlas más resilientes; realmente era impensable.

Hoy, 14 años después, y en el marco del III Foro Consultivo Regional de la Política Centroamericana de Gestión Integral de Gestión del Riesgo de Desastres, convocado por la entidad regional de los gobiernos de Centroamérica para la reducción del riesgo de desastres, más de 250 organizaciones, desde Naciones Unidas, países donantes, Federación de la Cruz Roja y organizaciones de sociedad civil, estuvieron presentes con un posicionamiento claro y contundente, transmitiendo las inquietudes y necesidades de las comunidades más vulnerables, las que sufren a diario los embates de los desastres. 

“Ojalá todas las aportaciones que se hicieron desde las mesas de trabajo sean tomados en cuenta para que se implemente una política efectiva en los países de donde venimos…Aquí, de lo que se trata es de implementar lo dicho por la sociedad civil, y saber que contamos con herramientas necesarias para que la gestión del riesgo pueda ser un tema que se hable y se trate desde las comunidades”, dice doña Maira Bermúdez Vanegas, coordinadora de la Mesa Nacional de incidencia de Gestión del Riesgo en Honduras, y para quien de nada vale una política de gestión del riesgo si no se empodera a las comunidades. “Se necesita empoderar a las organizaciones de mujeres, a las bases, para que conozcan y apliquen la política, y que no solamente la conozca el gobierno”. 

Maira Bermúdez es la Coordinadora de la Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión del Riesgo (Honduras). Foto: Oxfam

Y es que según cifras del Índice de Riesgo Climático 2014, Honduras ha sido el país más vulnerable en el mundo y el más afectado por los desastres en los últimos 20 años, mientras que Nicaragua y Guatemala están entre los diez países más afectados. Basta con analizar los estragos que ha dejado la crisis de sequía y roya en Centroamérica para constatar que la situación es bastante crítica: la sequía afectó en su mayoría a las familias encabezadas por hombres que dependen de estos trabajos agrícolas. En El Salvador, en el 2014 aproximadamente 200.000 familias dependientes de la agricultura, fueron afectadas por la crisis de sequía y roya, y en Honduras, el número de familias afectadas a septiembre de 2014 fue de 186.311 en 165 municipios. 

Una política de gestión del riesgo efectiva e inclusiva

Las 250 organizaciones de la sociedad civil que conforman la Concertación Regional para la Gestión del Riesgo, con trabajo urbano y rural en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, hicieron una llamada urgente a los gobiernos en Centroamérica para que no sólo reconozca a esta región como la más vulnerable, sino para que se adopten e implementen políticas orientadas a fortalecer la resiliencia humanitaria en aras de reducir y prevenir los desastres

Para Guido Calderón, Secretario Ejecutivo de la Concertación Regional para la Gestión del Riesgo, si bien la Política Centroamericana de Gestión Integral de del Riesgo de Desastres (PCGIR), constituye una buena herramienta, lamentablemente no se conoce en las comunidades. “No ha tenido la divulgación adecuada y no se ha empoderado las comunidades en el tema, lo que impide la exigencia de sus derechos, si las comunidades conocen esta política, pueden exigir a los gobiernos para que se cumpla”, y es que mientras las autoridades locales, nacionales y regionales, no reconozcan a la comunidad, que conoce y gestiona su territorio, como un actor fundamental en el diseño e implementación de esta política, difícilmente se lograrán los impactos esperados.

Las organizaciones han insistido en que se requiere una política inclusiva, que involucre a todos los actores urbanos y rurales, sin ningún tipo de discriminación. Asimismo, consideran que es importante que se incluyan medidas con enfoque de género que permita en caso de una situación de desastre, lograr una atención diferenciada, especialmente para mujeres y niñas. “Que el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y comunidades locales, sea incorporado como una práctica rutinaria para la implementación de los procesos que genera la PCGIR, de manera incluyente, por la vía del diálogo, el consenso y el multilateralismo, rompiendo su sometimiento al poder económico de los grandes capitales que impiden una implementación efectiva”, enfatizan.

Indudablemente las condiciones y el escenario donde se discute hoy la política de gestión son muy distintas a las de 14 años atrás, pero falta mucho camino por recorrer para hablar del tema bajo un mismo lenguaje. 

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