¡Honduras y Guatemala han despertado frente a la corrupción!

¡Honduras y Guatemala han despertado frente a la corrupción! Se comenta con optimismo en las entrevistas a analistas políticos, en las conversaciones digitales y hasta en las conversaciones familiares, antes apáticas a las discusiones del contexto político nacional. Hace unos cuatro meses que se hicieron públicos detalles sobre dos casos de corrupción: el #CasoIGSS en Guatemala y el #CasoIHSS en Honduras que vinculan a altos funcionarios públicos y al sector privado en esquemas de fraude, desfalco y desvío de fondos públicos. Desde entonces, cada semana, miles de personas marchan pacíficamente en las capitales y ciudades de Honduras y Guatemala vocalizando en el espacio público y redes sociales sus demandas por un alto a la corrupción y una lucha real y efectiva contra la impunidad.

Los datos de estos fraudes son escalofriantes. Se calcula que el enriquecimiento ilícito en el #CasoIGSS en Guatemala y la sobrevaloración de compras del #CasoIHSS en Honduras representan perdidas combinadas de unos 300 millones de dólares. Con estos recursos estos países hubieran podido contratar aproximadamente unas 6400 nuevas enfermeras por tres años; una diferencia importante cuando Guatemala y Honduras poseen los índices más bajos densidad de recursos humanos en salud de toda Latinoamérica. Ambos gobiernos hubieran podido construir aproximadamente unas 300 clínicas materno- infantil en zonas rurales empobrecidas. Más aún, cuando Honduras y Guatemala no han mejorado su tasas de mortalidad materno-infantil en los últimos años, tal como lo plantea el lanzamiento del estudio desarrollado por ICEFI y Oxfam en Guatemala “La Corrupción: Sus caminos, su impacto en la sociedad y una agenda para su eliminación”: “El problema es grave en el caso de las personas más vulnerables y en condiciones de desventaja, socavando su realización plena y el respeto a sus derechos humanos como la salud, la educación, la nutrición, la vivienda, e incluso la propia vida”.

La indignación frente a la impunidad ya estaba ahí desde hace mucho tiempo; por ejemplo, quien no ha visto los plantones de “Las Chonas” exigiendo agilidad y efectividad al Sistema Judicial Hondureño frente a los femicidios porque un 98% de ellos se quedan en la impunidad. También, ha estado ahí en el apoyo a la resistencia pacífica de comunidades como La Puya frente al ejercicio arbitrario del Estado de Guatemala que viola los derechos ciudadanos, característico en su incapacidad de resolver en el marco del estado de derecho, los desacuerdos entre ciudadanos y empresas mineras. La diferencia ahora es que la indignación se ha masificado y se ha masificado con características muy distintas a las formas tradicionales de movilización ciudadana. Las marchas en ambos países han sido pacíficas, en horarios que no interfieren las dinámicas productivas u horarios laborales, llenas de contenido ciudadano que interpelan a políticos e instituciones públicas, y milagrosamente capaces de mantener una distancia saludable de movimientos políticos y partidos políticos, “vamos sin banderas de partidos políticos, llevemos solo el pabellón nacional” dicen claramente las invitaciones que circulan por facebook y twitter cada viernes en Honduras.

La participación de lxs jóvenxs las clases medias urbanas y redes sociales han sido esenciales en la movilización. Este despertar ha tenido aliados sin cuya contribución los casos habrían pasado inadvertidos y solapados por los medios de comunicación tradicional que operan acompasados a la agenda mediática de los gobiernos. Sin duda alguna, el trabajo de la Comisión Internacional para la Impunidad en Guatemala (CICIG), el papel de la Fiscal General y el Ministerio Publico han sido determinantes para evidenciar las prácticas de corrupción no solo del gobierno, sino de todo el sistema de partidos políticos y de sectores empresariales. En Honduras, han sido algunos medios de comunicación y líderes de partidos en “semi-oposición” política (porque por sus antecedentes me niego a afirmar que es oposición real y neta) quienes han canalizado las evidencias de corrupción y amplificado las voces de la indignación. Hay una característica más, - que es la que más me entusiasma- se trata de formas de organización horizontal de ciudadanos y ciudadanas. Esta vez no han sido los sindicatos, ni las ONG, sino que son expresiones auto-organizadas que se definen desde otras ideologías – del ciudadano indignado -. Esto tiene confundido a los gobiernos señalados, ya que no terminan de entender cómo desorganizar y co-optar algo tan orgánico; a pesar, de sus intentos por minimizar, desprestigiar, contra-restar en las redes sociales y levantar cortinas de humo. No obstante, cada viernes en Honduras y cada sábado en Guatemala la gente regresa a las calles, a veces bajo torrenciales lluvias, con una mezcla de esperanza y dignidad recuperadas a demandar justicia.

He conversado con colegas y amigos de ambos países sobre por qué la indignación se ha masificado y hay dos ideas que regresan recurrentemente. La primera, es que ya sabíamos que había robo descarado con la sobrevaloración en los proyectos de infraestructura pública, pero al afectar las instituciones responsables de la salud pública y la calidad de sus servicios (que ya era muy mala) se violentó un derecho más primario y esencial: el derecho a la vida. Aunque no hay datos exactos, los medios citan unas 2800 muertes vinculadas a la calidad de servicios proveídos por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en los años que coinciden al desfalco  (USD 280 millones); y lo más perverso e impensable: una empresa vinculada a la vicepresidenta del congreso, Lena Gutiérrez, vendió equipos sobrevalorados y pastillas hechas de harina al IHSS. En retorno, tal y como ha sido reconocido por el propio Juan Orlando Hernández, mediante una triangulación bancaria su partido político recibió financiamiento de fondos malversados para su campaña. La segunda, la gente se dio cuenta que no es un caso aislado de corrupción, sino una estrategia de saqueo pensada desde el gobierno y empresarios para utilizar empresas públicas, y así profundizar la acumulación de poder político y económico a costa del bienestar social de su población. Son casos de asalto a las instituciones públicas desde alianzas público-privadas.

Cada vez más vamos tomando conciencia del fenómeno de la captura política en nuestros países y de cuál es su relación con la concentración del poder político y económico, el debilitamiento de las instituciones públicas y la corrupción. En el informe de Oxfam Gobernar para las Élites se describe como la influencia de élites económicas influye en las prioridades de las políticas de los gobiernos; cómo las elites pueden ser capaces de desequilibrar la voz y la representación de la ciudadanía dentro del estado y de las organizaciones políticas hasta manipular reformas, leyes y programas a favor de sus intereses económicos. El informe documenta como existe un alto riesgo que bajo esta lógica los gobiernos trabajen en favor de los intereses de los ricos, y como consecuencia las desigualdades políticas, sociales y económicas sigan aumentando a nivel global. Y es esta captura política por parte de elites económicas (incluyendo las no legales) sobre el estado hondureño y guatemalteco, la que ha puesto distancia entre el estado y la ciudadanía; las instituciones públicas y procesos electorales han sido debilitados para ser instrumentos de acumulación de poder económico y político para unos pocos.

La sociedad en ambos países está comenzando a entender esto, pero la consigna debe ir más allá de encasillar la solución del problema en la renuncia de Otto Pérez Molina y Juan Orlando Hernández. En lo personal me daría mucha satisfacción ver a estos dos presidentes renunciando a su inmunidad y al sometimiento de la justicia por su probable implicación en estos esquemas, pero sé que no es suficiente. Sé que la captura política tiene que ver con cosas más profundas. La sociedad está más consciente de la falta de independencia entre los poderes del estado como forma de captura, también está más consciente de cómo los responsables de cargos públicos ya no reproducen la voz ciudadana y que la democracia “representativa” no es lo que se supone.

En Guatemala, el movimiento contra la corrupción está empujando varios temas dentro de la agenda apuntándole a reformas dentro de la Ley Electoral y de Partido Políticos porque está claro que las formas de operar de las instituciones y organismos políticos son parte del andamiaje central para la captura del estado. Me gusta mucho la propuesta de algunos amigxs chapines de validar los votos nulos y en blanco como una postura ciudadana diciendo -¡No! En estas condiciones y con estos candidatos NO! Y dejar atrás el mito que un voto nulo o en blanco es el de ciudadanxs indiferentes. En Guatemala hay una carrera contra el tiempo, unas cuantas semanas para definir la situación judicial de un puñado de candidatos señalados de tráfico de influencias, vinculación a aparatos ilegales, nepotismo y también, unas cuantas semanas para aprobar un grupo de reformas que sean implementadas en el nuevo gobierno y que vaya desmontando la arquitectura de la captura. Todo esto antes de la primera ronda de elecciones a inicios de Septiembre; aunque los acuerdos políticos entre partidos que suelen prevalecer en detrimento de la calidad de la democracia parecen indicar que las reformas, si se aprueban, no se aplicarían en las elecciones del 2015, sino en el 2019.

Para Honduras el desafío está más difícil, la concentración de poderes estatales parece estar mucho más consolidada; en el congreso las solicitudes de juicio político y la propuesta de un plebiscito para solicitar o no una comisión similar a la CICIG han sido bloqueadas. La cooperación internacional no ha sido tan contundente en apoyar la voz de los ciudadanos y parece estar apoyando más la simulación de diálogo emprendida por el gobierno. Creo que en Honduras hay que reclamar y empujar más por “el derecho a la información” ; la Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública aprobada por el Gobierno impone candados extremos como los de confidencialidad de hasta 5 o 10 años a la información pública en la mayoría de instituciones del estado. Así no puede haber un estado trasparente y así se facilita la corrupción y la impunidad. En Honduras, cada semana surgen nuevos datos sobre la corrupción, el nepotismo y la aplicación selectiva de la justicia que se apresura a exonerar a sus implicados, pero contrario a lo esperado esto funciona como vitaminas (no de harina) para la ciudadanía y continúa todos los movilizándose y tratando de hacer un contrapeso con las herramientas que puede y con la esperanza que algo está transformando, al menos en la conciencia ciudadana.

Hay quienes comparan estos procesos con las primaveras árabes o con el movimiento YoSoy132 en México guardando la esperanza que realmente inicien un proceso de cambio a problemas estructurales de captura política y cultura ciudadana. La sociedad ha despertado con demandas y propuestas para contrarrestar dos problemas clave - corrupción e impunidad- y que están íntimamente ligados a los espirales de pobreza y desigualdad. Me pregunto ¿escucharan los gobiernos estas voces y tomarán las decisiones que transformen la realidad, o continuarán ignorando el reclamo social y su responsabilidad con la ciudadanía? Esto aún queda por verse.

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