Materias primas y desigualdad en América Latina

La semana pasada el pánico gobernó las bolsas de valores en todo el mundo, debido al impacto que genero la caída de la bolsa de Shanghái (China) que cayó 8.5% el mayor pico desde el 2007.

La economía China se “enfría”, dicen los analistas. Y ese frío llego a nuestra región. Explican que la desaceleración del país asiático impacta en nuestras economías, como consecuencia de la menor demanda de materias primas. Latinoamérica surte a China de productos mineros como el oro, cobre y el hierro, pero la facturación ya no es la de antes. 

Perú, por ejemplo, ha visto disminuir las exportaciones mineras. El primer trimestre del 2012 las exportaciones cayeron en -11,1% y la inversión privada creció 7,4%, después de haber crecido a tasas superiores a 12% desde el 2009. De igual forma Chile, productor de cobre y Venezuela, exportador de petróleo, se han visto impactados también por la desaceleración China. Esto ha supuesto que los gobiernos de nuestra región apliquen medidas radicales para retomar la confianza de los inversionistas, medidas traducidas en bajar estándares ambientales, cerrar espacios a la sociedad civil, reducir trabas a las inversiones, bajar la calidad de los programas sociales y apostar por la inversión privada como motor del crecimiento; es decir, medidas que no han conllevado a una gobernanza de las industrias extractivas.

Crecimiento no es lo mismo que desarrollo

Latinoamérica y el Caribe es la región más desigual del mundo y la más dependiente de las industrias extractivas como la minería, el petróleo y el gas, que no ha logrado generar procesos alternativos de diversificación económica que incentiven, por ejemplo, la industrialización. Al contrario, la dependencia del "extractivismo" ha llevado a mayor desigualdad. 

En la región viven más 167 millones de pobres, de los cuales 69 millones viven en pobreza extrema. Y el panorama podría ser peor: debido a la desaceleración económica que enfrentamos, los avances en la reducción de la desigualdad y la pobreza pueden revertirse y 200 millones de personas podrían volver a ser pobres.

El crecimiento económico que la región puede haber generado por la extracción de minerales, gas y petróleo no está impactando de forma suficiente en el desarrollo y en la superación de la pobreza. Eso, que en épocas de bonanza era una preocupación, hoy —en épocas de desaceleración— es una llamada de emergencia.

Revisar nuestra dependencia de la minería, el petróleo y el gas

Los países que tienen mucha renta de extractivas, manifiestan pereza fiscal. En la región hay estructuras tributarias afectadas por privilegios fiscales excesivamente generosos para las empresas y es evidente la enorme dificultad de las administraciones tributarias para seguir el rastro a la evasión y elusión fiscal de las poderosas corporaciones que están detrás de la industria extractiva. Sus métodos sofisticados y la opacidad del sistema financiero internacional son los mejores aliados del sector para desviar recursos públicos que nos pertenecen a todos. Recursos públicos que podrían invertirse en la reducción de la pobreza y la desigualdad.

Más allá de las reformas que se deben llevar a cabo en cada país, es imprescindible reconocer de una vez por todas que el modelo "extractivista" se enfrenta a debilidades estructurales que establecen límites considerables a su contribución al desarrollo. Entre ellas se encuentra su escasísima contribución en la generación de empleos y los obstáculos e incentivos negativos que supone para el fomento de otros sectores económicos con mayor capacidad de absorber como fuerza de trabajo en los segmentos más pobres de la población. CEPAL recientemente afirmaba “1.000.000 de dólares en la minería generan apenas un empleo directo y cinco empleos indirectos”.

Los gobiernos de la región tienen ahora el desafío de replantear el modelo económico vigente, cuyas limitaciones han sido ya documentadas. Es urgente que los gobiernos representen los intereses de su ciudadanía y no de élites minoritarias, garantizando sus derechos mediante políticas públicas de calidad, financiadas con recursos suficientes y obtenidos de una forma justa. Revisar la dependencia de las extractivas y la forma en la que se usan sus rentas, es una forma de hacer eso posible. 

 

 

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