#NiUnaMás: más allá de la rabia en Honduras

A veces me enredo: ¿es femicidio o feminicidio? Las diferencias entre estos dos conceptos son importantes, pero no pretendo explicarlas. Lo que sí tengo claro es la urgencia. Vivimos en un sistema sociocultural que acepta y reproduce diferentes formas de violencia hacia las mujeres por el simple hecho de ser mujeres; esto es una injusticia y todos debemos trabajar para cambiarlo.  

Cada 18 horas una mujer es asesinada en Honduras: hace unos meses, una reina de concursos de belleza; hoy, una maestra; mañana, una vendedora ambulante. Ayer, fue Berta Cáceres, activista de derechos indígenas y ambientales, reconocida mundialmente por su trabajo en defensa de los derechos humanos y su denuncia contra el despojo de bienes naturales a comunidades Lencas de Honduras. Hace apenas unas semanas, los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional levantaban la alerta sobre el estado de vulnerabilidad y riesgo de los y las defensoras de derechos humanos en Honduras y la baja capacidad del Estado para asegurar su protección y seguridad. El cruel asesinato de Berta es una prueba infame de lo que denunciaron estos informes.

A la vuelta de la esquina esta el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Más allá de regalos y flores, es el momento de repasar dónde estamos como sociedad; es el momento de comprometernos a acompañar la voz y acción de mujeres y organizaciones valientes que, como Berta, no descansan en su lucha por una sociedad más justa y un mundo libre de violencia. Es el momento de agarrar fuerza en la indignación y solidaridad mostrada a nivel mundial para actuar y demandar justicia para Berta Cáceres y para las más de 4,400 mujeres víctimas de femicidio en la última década en Honduras.

En Honduras, solo basta dar un vistazo a los periódicos y noticieros para darse cuenta de la magnitud del problema de los femicidios. El contexto nacional es muy difícil: es uno de los países más violentos del mundo. En 2015, se registró un promedio de 14 asesinatos cada día. Ca-tor-ce, se dice fácil. Esta tragedia se profundiza con la impunidad; existe una parálisis estatal incapaz de dar seguimiento e impartir justicia en estos crímenes, y es aún peor para las mujeres. Un estudio desarrollado en el 2013 calculó el Índice de Impunidad en 96% para los casos de femicidios en Honduras; a la fecha se estima que este índice se mantiene arriba del 90%. La violencia y la impunidad son dos barreras constantes para que las niñas, jóvenes y mujeres puedan ejercitar sus derechos humanos básicos, puedan desarrollarse de manera plena en lo social, lo político y lo económico.

Los aportes de diversas académicas, investigadoras y activistas feministas nos ayudan a entender el problema de los femicidios no solo como un resultado de la construcción de culturas machistas donde se acepta y normaliza la violencia contra las mujeres, sino también como un ejercicio de relaciones de poder. Marcela Lagarde y Julia Monárrez Fragoso, entre otras, integran la responsabilidad del Estado y, particularmente, de las instituciones judiciales en el proceso de reproducción de los femicidios. Si el Estado de Derecho no garantiza la seguridad física y emocional de las mujeres y no castiga a quienes perpetran estos crímenes, está contribuyendo a generar entornos de impunidad; así, el Estado se convierte en responsable directo de violencia contra las mujeres.

Las organizaciones de mujeres en Honduras han venido trabajando desde hace décadas. Oxfam y otras organizaciones han apoyado su trabajo para visibilizar y crear conciencia sobre los femicidios y la violencia contra las mujeres. La necesidad de cambio es estructural en el ámbito privado e individual, en lo colectivo, en lo formal-institucional y en las normas y comportamientos culturales; los frentes de batalla son muchos y las mujeres defensoras que trabajan en estas organizaciones también corren riesgo de ser criminalizadas —tal y como ha sucedido con la activista Gladys Lanza, quien ahora mismo está siendo juzgada por difamación e injuria tras apoyar a una mujer víctima de acoso sexual. 

A pesar de este terrible panorama, existen procesos esperanzadores como el de la “Tribuna de Mujeres contra los femicidios”, una red de ocho organizaciones hondureñas que desde el 2010 viene desarrollando diferentes estrategias de sensibilización en lo local, nacional e internacional. Una pieza clave de la Tribuna de Mujeres fue la Campaña Nacional contra los Femicidios que incluyó el establecimiento de un tribunal alterno: un espacio simbólico que reunió a juezas y abogadas nacionales e internacionales, especialistas en derechos humanos, para presentar casos de femicidios y evidenciar las deficiencias del sistema de justicia y la complicidad, directa o indirecta, de la policía y del Estado hondureño en dichos casos.

El tribunal alterno mostró las omisiones del Estado en la protección y prevención de la violencia contra las mujeres y obtuvo el respaldo de otros actores sociales nacionales, de instituciones estatales y de cooperación internacional para visibilizar la violencia y poner los femicidios en el centro del debate público en Honduras. 

A pesar de que la violencia continúa, no nos queda más que tener esperanza. En parte gracias al trabajo del tribunal alterno y a la lucha perseverante de miles de mujeres y organizaciones en el país, hace tres semanas se aprobó en Honduras la creación de la unidad de investigación especializada en muertes violentas de mujeres. Esta unidad comenzará a funcionar en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, donde se registran los índices más altos de femicidios en el país.

Más allá del dolor, que no pasará fácil por la pérdida de Berta Cáceres, Margarita Murillo, y miles de mujeres más, debemos seguir en pie de lucha, vigilando y demandando que estos nuevos procesos sí cumplan su objetivo. Esta es una puerta que se abre para que todos y todas sigamos exigiendo una vida libre de violencia para las mujeres, jóvenes y niñas de Honduras.

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