América Latina: la inestabilidad política como agravante a la crisis de derechos humanos

Entrada escrita por Renata Oliveira, asesora regional de seguridad de Oxfam en América Latina y el Caribe.

Hace unos meses tuve la oportunidad de reencontrarme con Marlín Sierra, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), y acompañarla en algunas actividades durante su gira de incidencia en Europa. Conocí a Marlín en enero de 2018 durante un encuentro con varias personas defensoras de los derechos humanos en la Ciudad de México. Ni en nuestras previsiones más extremas y pesimistas hubiéramos podido predecir la horrible situación a la que se enfrentarían Marlín y sus compañeros y compañeras en Nicaragua. Tampoco me imaginaba que, cuatro meses después, llegaría a una Managua en plena crisis.

Viajar a Nicaragua no estaba en mis planes a corto plazo. Habían pasado tantas cosas en Latinoamérica y en Oxfam seguíamos pendientes de la crisis postelectoral en Honduras, del incremento de los asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos en Colombia  y de la situación del profundo cierre de espacios de actuación de la sociedad civil en toda la región.

El de cierre de espacios y los ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos no son hechos nuevos en Latinoamérica. Sin embargo, el rápido deterioro de la situación política de los países de la región ha tenido resultados catastróficos. Un ejemplo de ello es la situación que vive Nicaragua.

El contexto político y las graves violaciones de los derechos humanos
Existe una tendencia regional –o más bien mundial– de avance del conservadurismo y retroceso en temas de derechos humanos. Esta tendencia, sumada a la captura del Estado por ciertos grupos de interés como empresas multinacionales, inversionistas y otros actores, ha costado la vida de muchas personas, en especial líderes y lideresas indígenas y del campesinado, periodistas y activistas. En Latinoamérica 212 personas defensoras fueron asesinadas como represalia por su labor en 2017.

Estos ataques son muy graves porque normalmente quedan impunes, lo que perpetúa el ciclo de la violencia. Además, el grado de libre actuación, sin miedo a represalias, de las personas defensoras de los derechos humanos es un buen termómetro de la salud democrática de un país y del nivel de respeto a los derechos humanos.

Como lo documenta Amnistía Internacional en su informe Disparar a matar: estrategias de represión de la protesta en Nicaragua, el Gobierno del presidente Daniel Ortega utiliza, desde abril de 2018, una estrategia letal de represión a las protestas. Sin embargo, lo que el informe de AI no registra, dado que ocurrió después de su publicación, es el incremento de los ataques de acuerdo con una estrategia de “aniquilación y ‘cacería’ de la población por parte de fuerzas parapoliciales con armamento de alto calibre y con características de fuerzas paramilitares”, tal como lo señala el CENIDH en su informe #5 (29 de julio de 2018).

Retrocesos en la protección de personas defensoras de los derechos humanos
En este contexto de grave crisis política en la región, se han dado muchos retrocesos respecto a la protección de las personas defensoras de los derechos humanos. Algunos de estos retrocesos son más visibles y se manifiestan mediante ataques y la persecución de estas personas. Otros son más silenciosos, como el deterioro y la eliminación de los mecanismos de derechos humanos y de protección a las personas defensoras.

Colombia, que ocupa el segundo puesto en el ranking latinoamericano de asesinatos, no ha logrado adoptar medidas más adaptadas al contexto particular, ni a las necesidades de las personas defensoras de los derechos humanos, especialmente los grupos de mujeres indígenas y campesinas. El mecanismo de protección hondureño, a su vez, no ha podido responder a la demanda generada tras las elecciones de noviembre 2017 y las consecuentes amenazas y hostigamiento contra las personas defensoras de los derechos humanos.

En enero de 2018, gran parte de mi intercambio con Marlín se centró en estrategias de influencia para la creación de un mecanismo nacional de protección a personas defensoras de los derechos humanos en Nicaragua. La discusión ya estaba en marcha en el país, pero caminaba a pasos lentos. Y si ya caminaba a pasos lentos antes de desatarse la crisis en abril, esta discusión ahora va marcha atrás.

Nicaragua: en el ojo de la tormenta
Amnistía Internacional ha denunciado  el asesinato de más de 300 personas desde abril en Nicaragua como consecuencia de la represión, además de los ataques  contra las personas que han luchado para denunciar las graves violaciones de los derechos humanos. Miembros del CENIDH han sido objeto de intimidación.

Lo que diferencia Nicaragua de otros países latinoamericanos que han enfrentado y, en algunos casos, siguen enfrentando situaciones de inestabilidad política, es la duración de una fase muy aguda de la crisis (que ya lleva cuatro meses) y el hecho que, pese a los esfuerzos internacionales como la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la resolución del Parlamento Europeo, ha habido un progresivo recrudecimiento de las estrategias de represión.

Hace mucho que la crisis en Nicaragua dejó de ser una crisis política. Se trata de una crisis de graves violaciones de los derechos humanos, con persecución de las personas defensoras de los derechos humanos, y con serias consecuencias humanitarias, tales como un gran número de personas desplazadas y la pérdida de medios de vida.

El doble desafío que nos queda por delante como comunidad internacional es el de determinar cómo enfrentar el problema sin descuidar la protección de las personas defensoras y cómo asegurar que una solución negociada al conflicto mantenga ese tema en la agenda (en especial el derecho a la reparación y verdad respecto de los actos de represión actual). Asimismo, es necesario y urgente buscar soluciones para asuntos muy concretos, como la necesidad de rápida reubicación de grandes grupos de personas defensoras perseguidas y la potencial persecución judicial de las mismas tras la aprobación de ley antiterrorista en julio de 2018, que criminaliza la protesta.

Foto: Oscar Acuña Moraga.

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