¿Se hará justicia en el juicio por el asesinato de Berta Cáceres?

El 2 de marzo de 2016, poco antes de la medianoche, la líder indígena Berta Cáceres recibió un disparo mortal en el pueblo de La Esperanza, en Honduras.

Berta lideraba la oposición del pueblo indígena lenca a la construcción de una serie de proyectos hidroeléctricos en su territorio sin su consentimiento previo, libre e informado, tal y como exige la legislación internacional.

Más de dos años y medio después, su familia y su comunidad, así como numerosos movimientos sociales en los que desempeñó un papel fundamental, aún sienten profundamente su pérdida.
Finalmente, este mes, septiembre de 2018, casi mil días después de su muerte, ocho de las nueve personas arrestadas por su asesinato serán juzgadas en Tegucigalpa, capital de Honduras. Entre ellas, tres empleados en el momento del asesinato de la empresa que llevaba a cabo uno de los proyectos, la construcción de la represa de Agua Zarca, al que Berta y su organización, COPINH, se oponían.

Dado que Honduras tiene una de las tasas de impunidad criminal más elevadas del mundo (es decir, que los delitos ni se investigan ni se llevan ante la justicia), el simple hecho de que los acusados vayan a juicio es muy significativo. Es un reflejo de los incesantes esfuerzos de la familia de Berta, de COPINH y del personal investigador hondureño, que luchan para conseguir que se rindan cuentas por su asesinato. Pero a Oxfam, como a muchas otras organizaciones y personas, le preocupa gravemente que realmente se haga justicia.

¿Habrá justicia para Berta?

En primer lugar, los abogados de la familia de Berta Cáceres recientemente han hecho pública una carta que recibieron de los fiscales del Ministerio Público confirmando que este aún no había procesado al menos 30 pruebas (computadoras, celulares, tabletas, memorias USB, discos duros y datos bancarios, entre otros). Estas pruebas se recogieron hace más de dos años en la oficina de DESA, la empresa constructora del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, y en las casas de las ocho personas sospechosas pendientes de juicio. Todas deberían haberse procesado ya, de cara al juicio que está previsto que comience el próximo 17 de septiembre.

En segundo lugar, la Fiscalía General de Honduras aún no ha compartido el archivo del caso ni con los abogados de la familia Cáceres, que se presenta como acusación particular, ni tampoco con los acusados. Aunque esto pueda parecer extraño en un proceso penal en algunos países, se trata de algo requerido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ratificado por ordenamientos jurídicos de los tribunales hondureños.

Para que este juicio tenga legitimidad, se deben seguir todos los procedimientos legales requeridos por la legislación nacional e internacional.

Berta Cáceres' daughter speaks to demonstrators gathered in Washington, DC, as part of a vigil in memory of her mother. Photo: Keith Lane/Oxfam, April 2016La hija de Berta Cáceres se dirige a los manifestantes reunidos en Washington D.C. (Estados Unidos) con motivo de una vigilia en memoria de su madre. Fotografía: Keith Lane/Oxfam. 

El hecho de que algunas pruebas aún no se hayan procesado, ni se hayan seguido los procedimientos legales requeridos, sugiere que el juicio podría retrasarse o posponerse. Si esto sucediera, conforme a la legislación hondureña, los cuatro primeros detenidos podrían quedar en libertad de no dictarse una sentencia para el mes de noviembre. Su liberación dificultaría aún más asegurar el cumplimiento de las garantías procesales en este caso. Además, aún no se ha fijado la fecha para el juicio de la novena persona imputada por el asesinato de Berta Cáceres, el gerente general de DESA en aquel momento.

La familia de Berta ha pedido a la comunidad internacional que se ponga en contacto con sus representantes diplomáticos y embajadas en Honduras para solicitarles que asistan al juicio en calidad de testigos. Esto añadiría presión a la Fiscalía General de Honduras para que procese las pruebas para que el caso sea lo más sólido posible y, así, garantizar un juicio justo. La familia de Berta también está organizando una manifestación pacífica frente al tribunal como testigos silenciosos.

La frágil justicia hondureña

Conseguir justicia para Berta no solo traería paz a su familia, sino que es clave para frenar la oleada de violencia contra las personas que denuncian crímenes contra los derechos humanos. A menos que se condene a los responsables de un asesinato de este calado, se enviará el claro mensaje de que se puede asesinar a personas con total impunidad.

El pueblo de Honduras merece algo mejor. Berta merece algo mejor.

Entrada escrita el 14 de septiembre de 2018 por Vicki Gass, asesora senior en políticas, Oxfam América. 

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